El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas para analizar las críticas realizadas por la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya contra jueces y fiscales en medios de comunicación y conferencias. El Pleno del Consejo Fiscal entendía que sus palabras “ponen en entredicho con el menosprecio que las mismas llevan implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”, por lo que solicitaron al máximo órgano judicial la apertura de un expediente disciplinario.

Ahora deberá ser el promotor designado por el CGPJ quien analice las declaraciones de la magistrada para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y si son constitutivas o no de una falta, y determine el posible castigo en función de su gravedad, según han confirmado fuentes del poder judicial. En el caso de que no dicte el archivo de las mismas y decida proponer una sanción, ésta podría ir desde la simple advertencia hasta la separación, pasando por el traslado o las multas económicas, según recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su apartado de responsabilidad disciplinaria.

No es la primera vez que Alaya, la jueza que instruyó las macro causas de corrupción en Andalucía como el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía, reprochó la actitud de sus sucesores o de los jueces de refuerzo que coincidieron con ella, que llegó a definir a su equipo más cercano -ella incluida-- como un grupo de “incansables” que habían logrado sacar a la luz esos escándalos. Lo hizo en privado y a finales de mayo también en público en una entrevista, la primera que dio, concedida al diario ABC de Sevilla, donde no solo apuntó a que fueron los vocales de PP y PSOE quienes quisieron apartarla de las macro causas que investigaba por temor a lo que pudiera sacar, sino que cargó contra la posibilidad de que los fiscales fuesen los encargados de investigar los casos de corrupción porque se trata de un estamento “absolutamente politizado”.

Toque de atención del TSJA

En esa entrevista, la jueza sevillana defendía el modelo actual, donde “rige el principio de legalidad: se persigue cualquier delito que se cometa, sea cual sea el delincuente o quien gobierne”, afirmó. Posteriormente, en una conferencia en Madrid, abundó en esta teoría y aseguró que esa opción, que ya se lleva a cabo en otros países del entorno europeo, sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”. Unas declaraciones que el Pleno del Consejo Fiscal rechazó rotundamente por cuestionar su independencia, y que les ha llevado a solicitar que se investiguen para ver si merecen un expediente disciplinario. Las palabras de Alaya tampoco cayeron bien en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya sala de Gobierno reprobó este mismo martes la conducta de la jueza. No obstante, en este caso se limitaron a recordarle que los jueces deben promover en la sociedad una actitud de “respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa” con todos los poderes del Estado.

La juez Alaya, en declaraciones a los medios de comunicación que habitualmente hacen tribunales en Sevilla y recogidas por la Cadena Ser o Radio Nacional, se ha mostrado tranquila con la apertura de las diligencias informativas, que aún no ha recibido, y se ha ratificado en sus opiniones. Así, ha incidido en la necesidad de una fiscalía “independiente”, y ha expresado su creencia en que no ha afrentado a sus compañeros jueces.