El exdirector del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el presunto pago de comisiones a CDC, el denominado ‘caso 3%’, nadie intentó influirle para que adjudicara a determinadas empresas obras en el dique Este y una segunda sobre unos accesos a las instalaciones. y que, además, era imposible que él favoreciera a alguien pues todas las licitaciones pasan por el consejo de administración del organismo, donde está representada la Entidad Portuaria del Estado.

Cambra, que ha acudido a la Audiencia Nacional en compañía de su abogado, Rafael Entrena, ha explicado al juez que todo el proceso de adjudicación de las dos obras que están bajo sospecha se hizo de forma correcta y que, incluso, se efectuó una auditoría por cada una de los trabajos. Estos documentos han sido aportados por la defensa del expresidente del Port que, asimismo, ha acreditado que no asistio a algunas de las reuniones que se le atribuye con dirigentes de la extinta CDC, al estar fuera de Barcelona. Respecto a un supuesto encuentro con Andreu Viloca, que fue tesorero de Convergència, ha sostenido que "no le pone cara" y sobre unas reuniones con el exconseller Germà Godrò ha agregado que fueron institucionales (como la preparación de un viaje a Estados Unidos) y en ninguna de ellas se comentó nada de pagos de comisiones.

El exresponsable del Port ha incidido que en las licitaciones de la entidad que ha dirigido siempre ha participado la Entidad Portuaria del Estado y que la comisión de valoración es paritaria, con la participación de dos técnicos del puerto barcelonés y otros dos de la Administración Central. El consejo de administración era, al final, quien tenía la última palabra. En el caso del dique Este, la opción ganadora no era la mejor valorada técnicamente, sino la más económica, ha detallado.

Más declaraciones

El juez ha reanudado este viernes las declaraciones por el ‘caso 3%’ y han comparecido ante él no sólo Sixte Cambra, sino también el exgerente dela empresa municipal Bimbsa, Constantí Serrallonga, ahora director de la Fira, y otra persona. Serrallonga también ha negado haber cometido irregularidad alguna, ha defendido su actuación y ha insistido que nunca participó en la adjudicación de ningún trabajo.

Las declaraciones de 23 imputados que empezaron el lunes de esta semana y se prologaran hasta el próximo 22 de junio se enmarcan en la investigación por presunta trama de corrupción que, según el juez de la Mata, contribuyó "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente" a CDC.

Una financiación, explica el magistrado en el auto de citación, que se habría producido "de forma encubierta mediante donaciones a fundaciones ligadas al partido (Catdem y Fórum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concurso públicos, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido".