Los que pensaran que la sentencia de la primera época de Gürtel es lo peor que le puede pasar al PP judicialmente ya pueden desechar esa idea. Los procedimientos abiertos contra el partido presidido por Mariano Rajoy son varios y, al menos, dos de ellos no tienen pinta de que acaben bien para sus intereses. Uno es el de la caja b, cuya existencia declaró acreditada el tribunal de la Gürtel, y el otro el de la financiación irregular del PP valenciano, en el que hasta su exsecretario general Ricardo Costa ha admitido las prácticas corruptas juzgadas.

El primero, abierto gracias a la «contabilidad extracontable» que durante años llevó el extesorero del partido Luis Bárcenas, estaba pendiente de juicio hasta que el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, declaró en la vista celebrada por los delitos cometidos por la trama entre 1999 y 2005. Al confesar que intermedió entre empresarios y Bárcenas por contratos de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, el juez José de la Mata reabrió la causa para tratar de acreditar que las donaciones realizadas por empresarios tenían un carácter finalista punible.

Financiación ilegal

La sentencia de la financiación del PP valenciano está al caer, y después de que admitieran las irregularidades los empresarios acusados, Costa y los cabecillas de la trama corrupta, poco margen queda para la absolución. Será la primera que se dicte sobre la financiación irregular del partido que aunque no solo está puesta en entredicho en Valencia, también tiene allí pendiente el caso Taula. Tras lo establecido en el fallo de la primera época, la nacional se terminará de concretar en la causa de la caja b y en el ámbito madrileño se investiga en Púnica y Lezo.

De hecho, la acusación que ejerce Izquierda Unida acaba de pedir al instructor de ambos procedimientos, el juez Manuel García-Castellón, que el partido de Rajoy sea investigado como persona jurídica en Lezo, porque, a diferencia de lo que ocurrió en la Gürtel -destapada en el 2009-, su imputación es posible desde el 2012. Como lo que se investiga, entre otros delitos, es si el partido llegó dopado con donaciones que incumplían la ley de partidos políticos a las elecciones celebradas ese año y en el 2013, su imputación es factible.

Presidentes madrileños

Esta acusación popular también ha solicitado al juez que impute a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, condición que ya tienen en este procedimiento su antecesor al frente del Gobierno de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, por la compra de Inassa por el Canal de Isabel II, y su sucesor, Ignacio González, en su caso, por las irregularidades cometidas en la empresa pública desde entonces y por el cobro de comisiones por, entre otras adjudicaciones, las obras del campo de golf construido sobre sus depósitos.

Además, en ese caso, todavía existe la posibilidad de que acabe imputada la expresidenta Cristina Cifuentes, por la concesión de la cafetería de la Asamblea madrileña. De momento, Cifuentes ya está investigada en el caso Máster, después de que perdiera el fuero tras dimitir por el escándalo, al que se sumó el vídeo en el que se la ve hurtando cremas en un hipermercado. Aunque ella sea ya agua pasada para el partido, la magistrada ha ampliado su investigación al máster del actual vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

Destrucción de pruebas

Si el juez García-Castellón hace caso a la petición de IU, el caso Lezo se sumará al seguido por la destrucción de los ordenadores que Bárcenas guardaba en la sede central del PP, en la madrileña calle de Génova. Hasta ahora este es el único caso en el que el partido del que es secretaria general Dolores de Cospedal está imputado como persona jurídica. Por eso todos los intentos de la formación pasan por intentar que se aplique la doctrina Botín y así evitar juicio.