La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el PSOE y Unidas Podemos, que aboga por reducir las mayorías para elegir a los jueces y acelerar el trámite para eludir los informes de los órganos consultivos, ha sido recibida con mucha frialdad en Bruselas. La Comisión Europea ha recordado este jueves que cuando un Estado miembro emprende una reforma de su sistema judicial, debe consultar antes los cambios con las partes afectadas y con el Consejo de Europa, y, sobre todo, que es importante garantizar que "la independencia judicial" no se vea comprometida en el proceso.

"La Comisión está al corriente del nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto", ha indicado a EL PERIÓDICO el portavoz de justicia de la Comisión Europea, Christian Wiegand, sobre los planes del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. En este sentido, Bruselas recuerda que hace apenas 15 días, en su primer informe sobre el Estado de derecho en la UE 2020, ya avisó de la "importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial para reforzar la independencia judicial".

Contra la politización

Concretamente, en el capítulo dedicado a España, el Ejecutivo comunitario señaló a la situación del CGPJ como un "desafío" y advirtió de que "es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización". Es más, según subraya el portavoz comunitario en su respuesta, "cuando los estados miembros reforman el sistema judicial, siempre deberían hacerlo consultado a todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia (del Consejo de Europa)".

También añade Bruselas que "los estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida". Una recomendación que ya hizo el pasado 30 de septiembre en el primer informe publicado por la Comisión Europea, cuando constató los retrasos continuados en la renovación del CGPJ y alertó de que lleva ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018, debido a la falta de acuerdo para su renovación entre las fuerzas políticas. El documento también recogió los avisos del Consejo de Europa sobre la importancia de garantizar la independencia de este órgano para evitar que el CGPJ sea "percibido como susceptible de politización".