Lo que debía ser un homenaje a los 17 fallecidos en los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils hace dos años va camino de convertirse en un episodio más de la sempiterna bronca política. El empeño de JxCat y ERC en alimentar las sospechas acerca de una eventual relación entre el CNI y los ataques, y las críticas del resto de formaciones a esta actitud -que atribuyen a la voluntad de divulgar «teorías de la conspiración» para dañar al Estado- marcan el segundo aniversario de los atentados.
La figura de Abdelbaki Es Satty, imán de Ripoll cuando se produjeron los ataques y líder de la célula que atentó en Barcelona y Cambrils, sigue bajo el foco dos años después del 17-A. Las visitas de miembros de las fuerzas de seguridad al imán en la cárcel entre el 2010 y el 2014, mientras cumplía condena por tráfico de droga, han servido a las dos principales fuerzas independentistas para abonar las sospechas de que quizás el Estado esté ocultando información.
Las explicaciones que ofrecieron en el Parlamento de Cataluña sobre esos encuentros el exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y los mandos de los Mossos d’Esquadra -según algunos presentes en esas sesiones secretas- no sirvieron para convencer al independentismo. Nieto y los Mossos restaron importancia a los contactos entre los agentes y Es Satty.
Según ellos, es habitual que se intente recabar información de presos de los que se sabe que han tenido contacto con detenidos yihadistas.
Tampoco tuvieron en cuenta que la información que sirvió para relanzar las sospechas circulara durante meses por varios medios de comunicación, y todos descartaran su publicación por carecer de fiabilidad. A Quim Torra y a algunos de sus consellers les bastó que el digital Público difundiera sus dudas sobre los atentados para introducir con fuerza el asunto en el debate político.
El presidente de la Generalitat habló tras el primer artículo de «escándalo gravísimo» y exigió al Gobierno español que asumiera «las más altas responsabilidades». La portavoz del Govern, Meritxell Budó, envió una carta a la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, en la que aseguraba que se había «puesto en duda la actuación de algunas instituciones del Estado» tras las publicaciones. Y el consejero de Exteriores, Alfred Bosch, pidió reuniones a los consulados de los países cuyos ciudadanos murieron en los atentados para «intercambiar impresiones» a raíz de «las últimas informaciones periodísticas».
Pero, sin duda, la dirigente política más explícita fue la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que pasó de las insinuaciones a la acusación directa. «¿Qué queréis negociar con un Estado que elige un atentado para parar un referéndum? ¿Qué? Explicádmelo», escribió en Twitter.
La sesión del 23 de julio en la comisión de investigación sobre el 17-A en el Parlamento catalán constituyó una fotografía elocuente del estado de la situación. Solo JxCat y ERC insistieron en conjeturas que el resto de grupos tildaron de «conspiranoia» -fue la palabra que utilizó la diputada de la CUP Natàlia Sànchez- o compararon con el «terraplanismo», como hizo el representante del PSC, Carles Castillo.
DIVISIÓN ENTRE VÍCTIMAS / La situación se reprodujo después en el Ayuntamiento de Barcelona. En un pleno forzado por JxCat y ERC, los comuns -con la ausencia, entre otros, de Ada Colau- acabaron votando a favor de pedir al Congreso que abra una comisión de investigación para estudiar los supuestos vínculos entre el imán de Ripoll y el CNI. El PSC se desmarcó de sus socios para no dar alas a la «teoría de la conspiración».
Una parte de las víctimas ya ha expresado su malestar. Desde la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot) explican que se sienten «olvidados» por las instituciones catalanas, y afirman que el homenaje impulsado hoy por el Ayuntamiento de Barcelona será «más bien político».
El acto oficial en la Rambla se celebrará a la altura del mosaico de Miró y estarán presentes, entre otros, Torra, Colau, Pere Aragonès, Roger Torrent y Teresa Cunillera.
La Acvot organizará uno propio a la misma hora, pero al inicio de la arteria barcelonesa. «No queremos que ningún acto de víctimas sirva para que tal o cual político saque la cabeza y se saque una foto», dijo el presidente de la entidad, José Vargas.
