Los frailes benedictinos de la abadía del Valle de los Caídos no volverán a administrar fondos del Estado mientras, a juicio del Gobierno, no presenten «un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado y fundamentado, que pueda ser analizado económica y contablemente», dice un requerimiento que Patrimonio Nacional -dependiente de Vicepresidencia del Gobierno- les envió a finales de enero pasado.
Desde entonces, la comunidad tiene bloqueada la subvención anual de 340.000 euros que recibía desde el 2014. El pago retenido es del ejercicio 2018.
Pese a los lamentos por una asfixia financiera que hace en medios eclesiásticos el abad Santiago Cantera, fuentes de Patrimonio Nacional explican que «reiteradamente», la abadía presenta «una contabilidad desastrosa e incomprensible, que no justifica los gastos ni reseña adecuadamente los ingresos».
Pese a que Moncloa mantiene cerrado el grifo de la subvención, Patrimonio «sigue pagando el agua y la luz», indican fuentes de la entidad. Desde luego, no la del bar del complejo, donde no se sirve agua del grifo desde hace meses porque, por la ruina de las cañerías, «no es potable», dicen tristes las camareras. La cafetería paga a la Abadía un canon de 36.000 euros anuales.
La subvención está bloqueada en las cuentas de Patrimonio Nacional, que preside la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, dueña del monumento. Los 340.000 euros deben ir al sostenimiento de la abadía, la hospedería que gestionan los frailes y una escolanía de niños que aprenden canto gregoriano, además de un Centro de Estudios Sociales casi inoperativo.
La hospedería que regentan los frailes en un llano tras la Cruz es un negocio en toda regla: incluso se anuncia en Booking. Para este fin de semana ofrece habitación doble por 95 euros dos noches. Pero los beneficios solo llevan cuatro años bajo el ojo del Fisco, pues antes de 2015 la Fundación no tenía ni CIF, con lo que no tributaba. «Y más difícil es fiscalizar las donaciones que recibe la abadía, y el cepillo de las misas», dice un asesor del Gobierno.
La fuente sostiene que, de no presentar cuentas en tiempo y forma, los frailes podrían violar «el pacto que hizo el Estado con ellos para la custodia del Valle».
El Convenio entre la Fundación y la abadía, del 29 de mayo de 1958 y por el que los monjes se establecieron en el Valle, dice en su punto 10 que el convento «redactará en el tercer trimestre de cada año natural el presupuesto que habrá de regir para el año siguiente, y en el cual se recogerán, con el debido detalle, todos los ingresos y gastos previsibles». Las fuentes de Patrimonio insisten en que, transcurrido un mes de bloqueo de la subvención, «no se ha recibido la información solicitada».
El estatus legal del Valle es un fósil jurídico. Dos decretos leyes franquistas, de 1957 y 1967, el convenio y dos reglamentos de la época regulan la Fundación y su patronato. La Fundación aún no se ha adaptado a la actual Ley de Fundaciones, y Patrimonio ejerce una presidencia provisional en el patronato.
Por esa provisionalidad, terrenos y edificios son hoy de la Patrimonio sólo indirectamente; 49 parcelas en un bosque de 1.377 hectáreas y 21.009.486,55 euros de valor catastral. Hay además 614 «bienes muebles históricos-artísticos», según un inventario de la entidad, que «han permanecido inalterables los últimos cinco años». Su valor no está calculado por el Gobierno.
