La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, rechazó ayer crear un grupo de trabajo propuesto por el Govern para estudiar la aplicación del derecho a la autodeterminación, al estimar que no cabe en el marco constitucional, y eludió negociar sobre los presos soberanistas. Batet presidió la delegación del Gobierno central que ayer por la tarde participó en la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reunía desde 2011, en la que se trataron diversos asuntos, incluidos los relativos al procés planteados por la parte catalana, pero sin aproximar posturas.

En rueda de prensa en el Palau de la Generalitat posterior al encuentro, la ministra se refirió al desacuerdo sobre el «derecho a la autodeterminación» que reivindican desde el gobierno catalán como vía para solucionar el conflicto catalán.

En este contexto, Batet explicó que el Gobierno no ha considerado pertinente crear un grupo de trabajo sobre las «vías democráticas» de resolución del conflicto catalán, como planteaba la Generalitat. Según Batet, «no existe el derecho a la autodeterminación» en el marco constitucional, por lo que «no hay lugar para la discusión» sobre este asunto.

«En este ámbito de explorar vías democráticas no hay mucho que investigar», insistió Batet, que indicó que hay vías de participación para reformar el Estatut que luego puede aprobarse con un referéndum amparado por la Constitución. «Más allá de la reflexión jurídica o constitucional, hemos insistido en que es mucho mejor generar consensos que no constatar discrepancias o constatar divisiones», añadió.

Batet explicó que los representantes del Govern plantearon la situación de los presos independentistas, pero aquí tampoco hubo puntos de acuerdo: «Les hemos dicho que todas aquellas cuestiones que están en vía judicial escapan de las competencias del Ejecutivo. Y por eso nos hemos querido centrar en aquellas cuestiones que ambos ejecutivos sí pueden abordar».

Así, ante los planteamientos de la Generalitat sobre «los derechos políticos y civiles», el Gobierno -explicó Batet- puso sobre la mesa cuestiones que «afectan a los derechos de los ciudadanos» y, en este contexto, trasladó la «preocupación» por las afectaciones sobre el «normal funcionamiento» del Parlament o la necesidad de proteger la «neutralidad» de las instituciones y de los espacios públicos.