«Obligará a todos a publicar ampliamente sus bienes, pero hará algo más, que es lo realmente importante: ayudará a comprobar si entre el patrimonio con el que entró un alto cargo y el patrimonio con el que salió hay algún enriquecimiento injustificado». Así defendía desde el banco azul la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la Ley de Transparencia y el Estatuto del Alto Cargo, ambos obra de su Gobierno, en noviembre del 2014. El Ejecutivo acababa de publicar en el BOE las declaraciones de bienes de los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y demás altos cargos previstos en la norma, y el compromiso era seguir haciéndolo «antes del 30 de septiembre de cada año», tal y como decía la nota de prensa.
Pero, desde entonces, el BOE no ha vuelto a recoger ninguna información sobre bienes y patrimonios de los altos cargos del Estado, tal y como reconoce a este diario el Ministerio de Hacienda. Y ya han pasado cuatro años. Hacienda alega que no es posible «jurídicamente» publicar la información «por no haber cobertura para ello»: el reglamento que debía regular su publicación lleva perdido en algún cajón desde entonces.
En el 2015, seis meses después de que los bienes de los más de 150 altos cargos que cesaron o tomaron posesión en ese periodo se mostraran por primera (y última) vez, el Gobierno aprobó la ley reguladora del ejercicio del alto cargo, que derogaba la anterior normativa. El texto señala que esa información «se publicará en el BOE en los términos previstos reglamentariamente». Pero han pasado tres años y el Gobierno sigue sin publicar el reglamento, provocando un vacío legal que impide que esa información de interés público pueda salir a la luz.
El 23 de octubre del 2015, agotado el plazo para que se publicara la segunda remesa de declaraciones de bienes, Sáenz de Santamaría insistía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que, a falta de «dos observaciones» pendientes de algún ministerio, «probablemente» el real decreto se aprobaría «la semana que viene». Para entonces, el Consejo de Estado ya le había dado el visto bueno y solo faltaba el aval del Consejo de Ministros. Han pasado dos años y medio.
Lo que sigue oculto
La publicación del 2014 permitió conocer que decenas de altos cargos declaraban más de un millón de euros en bienes y patrimonio. También que los embajadores eran los que acumulaban más patrimonio. O que el jefe de la Secretaría del Rey emérito y consejero diplomático de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, era quien ostentaba el patrimonio más elevado, con un valor de 19,4 millones. A 30 de junio del 2017, según el Ministerio de Hacienda, había 663 altos cargos en activo obligados a declarar. Entre enero y junio del 2017 hubo 200 tomas de posesión de altos cargos y 171 ceses. Sus declaraciones nunca se han publicado.
Tampoco las de años anteriores, entre las que se encuentran ministros cesados como José Ignacio Wert, de quien se supo en el 2012, cuando tomó posesión, que tenía un patrimonio de 851.522 euros y sin deudas; Pedro Morenés declaró 1.072.119 euros de patrimonio en el 2012; Ana Mato, con 392.086 euros de patrimonio declarados en el 2012 y que dejó su cargo tras ser acusada de lucrarse en el caso Gürtel; José Manuel García-Margallo, con 948.504,33 euros de patrimonio en el 2012, e incluso Luis de Guindos, con un patrimonio superior al millón en el 2012. Como decía la vicepresidenta, es importante saber con qué patrimonio se han marchado, pero no se sabe.
