La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa sorprendió ayer al tribunal que juzga el procés con una nueva versión del independentismo sobre la actuación del Govern tras ser anulada la ley del 1-O por el Tribunal Constitucional (TC). Sostuvo que desde ese momento no se adoptó medida alguna que la cumplimentara, aunque el referéndum se hizo el 1 de octubre, por no ser delito desde el 2005 y considerarse «un acto más dentro de la legislatura, nunca un acto concluyente para la independencia».

La acusada explicó que de otro modo la independencia habría tenido que declararse el 3 de octubre, pero no se dio el paso porque siempre se trató de un acto para lograr a través del «diálogo, la negociación y el pacto» la consulta del sentir catalán. Para reafirmar sus palabras, la exconsellera aseguró: «La prueba es que estamos aquí y no hay independencia. Siempre se planteó la independencia como algo pactado».

Justificó la ley de transitoriedad a la república catalana con que si finalmente «se llegaba a un pacto» con el Gobierno central para celebrar un referéndum debían «tener algo preparado». La ley del referéndum no se cumplimentó con medida alguna desde su suspensión por el TC. De ahí que se suspendiera la sindicatura electoral, que debía contabilizar los votos del 1-O, y que no se realizara gasto alguno.

Si no se suspendió, dijo, fue porque su celebración no era delito. Se remitió a las normativas jurídicas internacionales y a expertos en Derecho, que «decían que un referéndum tenía encaje en la Constitución si había voluntad política», así como a que «un 80% de la población lo demandaba». Y consideró «un conflicto competencial jurídico transitorio» sus desavenencias con el TC.

Bassa, que se negó a contestar a la acusación de Vox, por «respeto a las mujeres de España y tolerancia cero con la violencia de género», coincidió con su antecesor en los interrogatorios, Josep Rull, en admitir que recibió seis requerimientos del alto tribunal y en tratar de compararlo con los supuestos incumplimientos por parte del Gobierno central de sus sentencias.

Según su versión, la primera vez que cayó en la cuenta de que se podía declarar la independencia fue con el intercambio de cartas que se produjo entre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ante la posiblidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El 26 de octubre del 2017, Puigdemont anunció que convocaría elecciones, pero como hubo «tensiones», pidió garantías de que no se aplicaría el 155, señaló. Como no las consiguió, instó al Parlament a «hacer lo que considerara más conveniente» con el pacto firmado por los partidos en favor de la independencia.