Barcelona ha rechazado este viernes la sentencia del Tribunal Supremo a los políticos juzgados por el 'procés'. El pleno del ayuntamiento suele ser escenario de debates que no versan estrictamente sobre la ciudad pero que tienen relación con ella. Es algo que en el contexto del ‘procés’ independentista ha sucedido a menudo, por lo que ya no sorprende que este viernes uno de los puntos más llamativos del orden del día tenga relación con la sentencia.

ERC y JxCat estaban muy molestas por la decisión de la alcaldesa, Ada Colau, de anular la convocatoria de un pleno extraordinario sobre la decisión del Supremo, que ella misma había previsto para el jueves de la semana pasada y que al final desconvocó por considerar que supondría echar gasolina en el fuego del conflicto. Y los dos grupos se propusieron que el tema fuera abordado en el pleno.

TEXTO TRANSACCIONADO

El acuerdo parecía inviable empezada ya la sesión del plenario, pero al final, con algunos matices en la redacción del texto, Barcelona en Comú y ERC y JxCat han pactado para aprobar así de la mano un texto, una proposición en forma de declaración institucional, que consta de siete puntos y que republicanos y posconverentes han considerado un posicionamiento "de mínimos". El texto, aprobado con el apoyo de los tres grupos citados y el rechazo del resto, reza, en su primer punto: “Rechazar la sentencia del Tribunal Supremo en relación con el juicio del 1 de octubre y la causa independentista al considerar que la vía penal no ha sido la adecuada para resolver una cuestión de carácter político”. En este apartado se afirma también: “El juicio se ha desarrollado sin las garantías exigibles”.

El segundo punto del texto aprobado exige “la puesta en libertad inmediata de los presos políticos condenados, así como el libre retorno de las personas exiliadas”. El tercero llama al ayuntamiento a “comprometerse a trabajar conjuntamente con el resto de instituciones y con la sociedad civil para encontrar soluciones para conseguir la libertad de los presos políticos”. En el cuarto se denuncia “la regresión de derechos y libertades que hace años que sufre Cataluña”. En el quinto se apuesta por “la resolución del conflicto político” mediante el diálogo y “la expresión democrática de la voluntad de la ciudadanía” y se reconoce la existencia del derecho de autodeterminación de Cataluña. Es decir, aunque no se cita literalmente, se apela a un referéndum.

MODIFICACIÓN

En el sexto hay un cambio respecto de lo que ERC y JxCat habían escrito inicialmente: en lugar de llamar a la movilización se llama a “velar porque la ciudadanía se pueda movilizar contra la sentencia”.

En suma, el texto no incluye referencias que no haya defendido en el pasado el grupo de Ada Colau, aunque no así su gobierno: como se sabe, Barcelona en Comú y el PSC acordaron de entrada reservarse la opción de discrepar en estos aspectos sin que su alianza se resintiera por ello. Este viernes, han votado en sentido distinto la propuesta acordada por ERC y JxCat y también una abanderada por el PP.

LOS ALTERCADOS

Porque la sentencia, o más bien la respuesta que recibió en las calles, en las que en los últimos días han ardido 1.044 contenedores, ha suscitado otros debates en el pleno municipal. Ciutadans ha intentado sacar adelante una propuesta para mostrar el apoyo del consistorio a los cuerpos policiales y establecer la personación de este en las causas que se abran por los altercados de los últimos días. La proposición no ha prosperado al lograr únicamente el apoyo del PP y Barcelona pel Canvi.

El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha acusado al grupo que encabeza Luz Guilarte de aprovechar lo sucedido para llevarse el agua a su molino. Con todo, Batlle no ha obviado una crítica al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de quien ha dicho que ha mantenido "una posición indigna", especialmente en relación con el papel de los mossos.

A renglón seguido, el PP ha defendido que el ayuntamiento condenase "los hechos violentos de los últimos días", elaborar un informe sobre los costes "de los actos vandálicos", entre otros puntos. "No pasó nada más porque los constituicionalistas nos encerramos en casa", ha dicho Bou sobre los altercados. Bou ha acordado con el PSC eliminar un punto que abogaba por reclamar "los costes de los destrozos producidos" a Òmnium, ANC, Tsunami Democràtic y al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Así ha logrado el respaldo de los socialistas, pero por ese cambio ha perdido el apoyo de Ciutadans, que se ha abstenido. La propuesta, en todo caso, ha sido rechazada, al lograr los votos favorables del propio PP, del PSC y de Barcelona pel canvi.