Las centenares de piezas en las que se dividió el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía se verán reducidas tras la decisión de la Audiencia provincial de Sevilla de someter a un único juicio a los exaltos cargos de la Administración regional que participaron en la concesión de ayudas. La Sección Séptima ha reiterado una vez más que no se puede juzgar a una persona más de una vez por un mismo hecho. Así, las causas que incluían solo a dirigentes políticos que habían dado una ayuda irregular podrán ser archivadas sin esperar siquiera a que se juzgue la denominada pieza política, que investiga la puesta en marcha y desarrollo del sistema para dar el dinero de forma opaca y discrecional.

La decisión de la Audiencia, confirmada por fuentes judiciales, no es nueva. Ya se manifestó en este sentido en el recurso presentado por dos de los imputados exaltos cargos, exdirectores generales de la empresa pública Idea que abonaba las ayudas, y ahora lo ha vuelto a hacer con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el único miembro del Ejecutivo regional que pisó la cárcel de forma preventiva. En el auto fechado el pasado día 21 de julio, la Sección Séptima se muestra clara, y recuerda que Fernández solo se someterá al juicio por el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, el mismo que sentará en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, dejando sin efecto el procesamiento del exconsejero en las decenas de subvenciones a empresas que están siendo investigadas en piezas separadas.

DUPLICIDAD DE HECHOS

La Audiencia entiende que lo contrario supondría una “identidad de hechos”, dado que precisamente la pieza política, cuyo juicio comenzará el próximo 13 de diciembre, analiza la puesta en marcha de ese procedimiento inadecuado para pagar todas las ayudas concedidas presuntamente de forma irregular. Se produciría, pues, una “duplicidad de procesos sobre los mismos hechos”, como reclamaron varios abogados encargados de la defensa de los exaltos cargos cuando en el 2015 el 'caso ERE' se desgajó, con el visto bueno de la misma Audiencia, en cientos de piezas a fin de agilizar la instrucción y poder comenzar los juicios antes de que prescribieran los delitos.

En este sentido, los jueces entienden que en la pieza política se producirá el “enjuiciamiento de todas las presuntas conductas delictivas de Antonio Fernández”, desgranando que se verá “su íntegra participación” en esa trama de los ERE “tanto desde el punto de vista de su estricta actuación administrativa, que pudiera dar lugar al delito continuado de prevaricación, como desde la perspectiva de su intervención generadora de menoscabo para el erario público, que pudiera dar lugar al delito continuado de malversación”. La fiscalía ha solicitado que se le condene por ambos delitos por conceder ayudas por más de 741 millones de euros procedentes del famoso “fondo de reptiles”, según lo denominó el exdirector general de Trabajo de la Junta y considerado principal responsable del caso, Javier Guerrero.