El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una nueva pieza en el caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, en relación con el supuesto espionaje del BBVA a dirigentes políticos a través de la agencia de detectives Cenyt, propiedad del excomisario José Manuel Villarejo.

Se trata de la novena pieza abierta en la causa que llevó a prisión al expolicía, en noviembre de 2017. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que acaba de asumir el caso, tras el abandono de la Audiencia del magistrado Diego de Egea, ha requerido a los digitales Moncloa.com y El Confidencial el material del que dispongan, publicado o no, sobre la contratación por parte del BBVA de los servicios del grupo Cenyt, entramado societario propiedad de Villarejo para evitar que en el 2004 la constructora Sacyr se hiciera con el control de la entidad.

MUCHA INFORMACIÓN /Ambos medios llevan desde el pasado día 9 publicando informaciones en las que aseguran que el banco, dirigido entonces por Francisco González, habría tenido acceso a más de 15.000 conversaciones telefónicas de altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, políticos, empresarios y periodistas para frenar la entrada de la constructora. El requerimiento del juez, que cita el derecho constitucional que asiste a los medios a proteger la fuente que les proporcionó la información, ha sido trasladado por agentes de paisano a las dos cabeceras.

El actual presidente de la entidad, Carlos Torres, confirmó a través de una carta a los empleados que se contrataron los servicios de la empresa Cenyt, y se declaraba «escandalizado» ante la posibilidad de confirmarse el espionaje que le atribuye lo publicado.

La apertura de una pieza en relación con el BBVA ejemplifica cómo se ha ido desarrollando la instrucción de esta causa, donde el juez al cargo de las pesquisas ha abierto nuevas piezas a medida que aparecía otro caso de prácticas aparentemente corruptas atribuidas a Villarejo. De la principal, en la que se investigan los presuntos cohechos pagados para permitir la entrada en España de ciudadanos guineanos, hasta llegar a la operación Kitchen, sobre la que ayer declaró durante tres horas Sergio Ríos, el exchófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita comparecencias quincenales, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país.

Fue su tercera comparecencia en la Audiencia, después de que el lunes se negase a declarar, igual que en diciembre. Ayer, en cambio, sí contestó a todas las preguntas sobre los pagos con dinero de los fondos reservados, que Interior admitió haber usado en este operativo.