La Audiencia de Barcelona ha absuelto a todos los acusados de administración desleal en Catalunya Caixa, entre ellos el exdirector general de la entidad Adolf Todó y el expresidente Narcís Serra.
La caja requirió en torno a 12.000 millones de euros en recursos públicos para su rescate en un contexto general de crisis económica, mientras las retribuciones de los miembros del consejo de admnistración y los directivos aumentaban. La sentencia llega apagada por el estruendo de la actualidad, al coincidir con el primer día del juicio del Procés y en plena votación en el Congreso de los Presupuestos del 2019, que pueden suponer el anuncio de un adelanto electoral.
El juicio en la Audiencia de Barcelona de Caixa Catalunya terminó el 29 de noviembre del 2018 sin que el expresidente de la entidad Narcís Serra, el exdirector Adolf Todó ni los otros 39 acusados por presunta administración desleal hiciesen uso del turno de última palabra, ante el temor de que se transformase en autodefensa suicida. La estrategia ha dado sus frutos.
Durante la causa, el fiscal Fernando Maldonado rebajó de cuatro a tres años la petición de cárcel para Serra y Todó por dos delitos de administración desleal por la subida de sueldos cuando dirigían la entidad bancaria, junto a una multa de 67.500 euros para ambos. El representante del ministerio público cifró el perjuicio económico del acuerdo del consejo de administración de elevar el sueldo a Todó de enero del 2010 --en pleno contexto de crisis-- en 415.000 euros y el de octubre de ese año en 24.000.
La defensa de Serra pidió su absolución porque los aumentos de salario a directivos eran "perfectamente legales", no causaron un perjuicio económico a la entidad y su abogado, Pau Molins, insistió en que los incrementos fueron irrelevantes desde una perspectiva penal. Argumentó que Serra "observó escrupulosamente sus deberes de lealtad a la caja" como presidente, designando a un nuevo equipo directivo liderado por Todó, considerado uno de los más cualificados directores generales en activo por su gestión al frente de Caixa Manresa. Y defendió que el Banco de España, que estaba controlando la entidad en su proceso de fusión, conocía los sueldos, mientras que tres excargos del organismo aseguraron en el juicio que no fueron informados de los aumentos aunque no era obligatorio hacerlo.
El abogado de Todó, Juan Segarra, se expresó en una línea similar a Molins y alegó que en el juicio quedó probado que el exdirector de Caixa Catalunya se ausentó en la votación del consejo de administración de enero de 2010 que aprobó el aumento salarial, por lo que directamente no puede ser autor del delito, y que en el segundo acuerdo solo se aprobó un aumento del IPC generalizado.
En su declaración como acusado ante el tribunal, Serra expresó que el salario que se fijó para los directivos en 2010 era "prudente" y según la mediana del sector, inferior a la media, y que se hizo con el conocimiento del Banco de España. Asimismo, defendió que en ese momento la entidad no estaba en crisis, pese a que desde julio de ese año hasta diciembre del 2012 el FROB inyectó 12.000 millones de euros, y que el Consejo de Administración actuó con el conocimiento de que el FROB y el Banco de España consideraban Caixa Catalunya como "fundamentalmente sólida".
