El expresidente catalán Artur Mas ha depositado en una entidad bancaria los 2,2 millones de euros reclamados por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta soberanista del 9-N del 2014. Así lo comunicó ayer el abogado defensor de Mas, Rafael Entrena, en un escrito dirigido al organismo fiscalizador en nombre de todos los afectados. Además, el exjefe del Ejecutivo catalán ha pedido al Tribunal de Cuentas que amplíe el plazo fijado (hasta el 20 de octubre) para sufragar el resto de la fianza, que asciende a 5,2 millones.
El letrado presentó un recurso contra esta liquidación provisional que aún no ha sido resuelto, por lo que precisa en su escrito que esta cantidad «no tiene carácter de reintegro», al entender que la liquidación provisional es «absolutamente injustificada». Los 2,2 millones de euros coinciden con la cantidad que había recaudado la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para hacer frente a la fianza que el Tribunal de Cuentas reclama tanto a Mas como a la exvicepresidenta Joana Ortega y a los exconsejeros Irene Rigau y Francesc Homs, que ya fueron condenados a penas de inhabilitación por la justicia por los delitos de desobediencia y prevaricación por impulsar el 9-N.
El resto de dinero hasta los 5,2 millones correspondería en parte al gasto de los ordenadores que fueron utilizados por la consulta alternativa y que después fueron repartidos por la Generalitat entre las escuelas. Esta partida deben afrontarla Rigau y Mas.
HOMS Y LOS DEMÁS / A Homs se le atribuye la responsabilidad por 2.127.580,09 euros por varias partidas (publicidad, elaboración del soporte informático, envío de información, centro de información y centro de prensa). A Ortega, por las partidas relativas al registro de la página web, material para la votación, seguros para los voluntarios, soporte informático y campaña informativa, se le exigen 839.520,26. Aparte de Mas y los exconsejeros Homs, Rigau y Ortega, el Tribunal de Cuentas atribuye responsabilidad a los cargos y excargos de la Generalitat Lluís Beltran, Josefina Valls, Ignasi Genovés, Jordi Vilajoana y Jaume Domingo.
Mas, a través de su abogado, ha presentado una recurso por la liquidación provisional y ha alegado ante el Tribunal de Cuentas indefensión para pedir la anulación de la decisión que le obliga a pagar 5,2 millones. El escrito sostiene que se han cometido irregularidades en la tramitación del expediente y que, incluso, se ha vulnerado la Constitución. El abogado subraya que a los cuatro exaltos cargos del Govern no se les ha notificado ninguna de las actuaciones que el Tribunal de Cuentas ha realizado, lo que les ha provocado «indefensión».
El recurso destaca que «no es admisible» que en un procedimiento que se inicia el 18 de mayo del 2017 a raíz de la acción de diversas entidades «guiadas por una más que evidente y reconocida voluntad política» no se haya notificado a los afectados las diligencias efectuadas, ni se les haya dado copia de nada hasta un par de días antes de la práctica de la liquidación provisional.
