Una empresa pública que gestiona el agua de una gran ciudad y varias localidades cercanas, un agujero cifrado en al menos 23 millones de euros que podría incluir financiación irregular del Partido Popular y varios miembros de este partido imputados. No se trata del Canal de Isabel II de Madrid y de la operación Lezo que ha llevado a Ignacio González a prisión, sino del 'caso Emarsa', cuyo juicio ha empezado este martes en la Ciudad de la Justicia de València y que se originó en el 2010, cuando el PSPV-PSOE denunció un desfase en las cuentas de la depuradora. El caso se ha centrado en los seis años anteriores, pero se sospecha que el desvío pudo empezar a finales de los 90 y, tras su descubrimiento, se aumentó de manera notable el recibo del agua de los municipios afectados.

Según la instrucción, el desfalco se habría realizado de dos formas. Por un lado, el aumento injustificado del precio en el tratamiento de los lodos y, por otro, comisiones en obras y otras acciones de explotación. Así lo confirmó hace pocos días el arrepentido exgerente Esteban Cuesta, para el que se piden 12 años de prisión, en el programa 'Malas Compañías' de La Sexta. El exmilitante del PP confesó que él y los otros tres principales encausados se repartían sobres con las comisiones por elegir a determinadas empresas para hacer las obras o tratar los lodos. Entre ellos está Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises con el PP. "Yo lo recibía y lo repartía en cuatro partes iguales. Les llamaba y les decía 'han llegado los camiones' o 'tengo unas fotos que quiero enseñarte' y Crespo me decía 'vente esta tarde a mi casa o la alcaldía o a la salida de este restaurante'", señaló Cuesta, que explicó que en cada "sobre de lodos" podía haber 8.000 euros y que los cobraban mensualmente.

FINANCIACIÓN IRREGULAR Y TRADUCTORAS RUMANAS

Pero, además, Cuesta aseguró que Crespo le hizo contratar a varias personas que nunca iban a trabajar, que Emarsa pagó varias facturas de actos del PP y que en varias ocasiones Silvestre Senent,expresidente del consejo de administración de Emarsa y expresidente municipal del PP en València, le solicitó dinero para actos. También aseguró que se hicieron regalos de Navidad a Francisco Camps,Rita Barberá, Alfonso Rus o al propio Senent, "que en una de las comidas me dijo, a mí no me des más jamones, dame una tarjeta de El Corte Inglés, y se le cambió el jamón por una tarjeta con 1.000 euros".

Además, la instrucción destapó que, entre otras irregularidas, Emarsa pagó durante varios meses los vuelos y la estancia en diferentes hoteles de lujo de la Comunitat Valenciana de mujeres de nacionalidad rumana, que en su momento los responsables de la empresa aseguraron que eran empresarias y traductoras. Algo de lo que se duda y que tendrán que aclarar como testigos.

SE EVITA UN NUEVO APLAZAMIENTO

El juicio esquivó este martes el que hubiera sido su tercer aplazamiento. En principio debía haber empezado en noviembre pero la detención en Moldavia tres meses antes del empresario José Ignacio Roca Samper, que llevaba tres años fugado, lo aplazó para febrero. Entonces, los abogados de varios de los investigados pidieron un aplazamiento para estudiar el caso pues acababan de hacerse cargo de las defensas.

Este martes, ha renunciado el letrado del también empresario José Luis Sena, que según Cuesta era el que le daba el dinero procedente de los sobrecostes de los lodos, pero la sección primera de la Audiencia de València ha decidido poner en marcha el proceso y juzgarle a él por separado. Desde hace meses, varios de los acusados negocian con la fiscalía la aportación de nueva información a cambio de un pacto en las penas. Hay previstas casi 100 sesiones y se espera que el juicio acabe en diciembre o enero.