La declaración que el principal acusado del 'caso Gürtel', Francisco Correa, prestó en el juicio en la Audiencia Nacional no cayó en saco roto. La Fiscalía Anticorrupción ha informado a favor de la reapertura del caso de los papeles de Bárcenas, en el que se ha investigado la presunta financiación del PP a través de una caja B durante al menos 18 años, para practicar varias diligencias, entre las que figura tomar declaración al empresario.

El juez José de la Mata deberá decidir ahora si reabre el caso, que se dio por concluido en marzo de 2015 y estaba a la espera de que se fijara fecha para celebrar el juicio, para realizar las nuevas diligencias solicitadas o mantiene la conclusión.

Según Anticorrupción, con la reapertura se incorporarán al procedimiento correspondiente las afirmaciones realizadas por el propio Correa durante el juicio relativas a que recibía comisiones de empresarios por la adjudicación de obras de los ministerios de Medio Ambiente y Fomento. Pagos que él llevaba a la sede central del partido, en la calle Génova de Madrid, y entregaba al extesorero Luis Bárcenas. Durante el juicio el cabecilla de la trama dijo: "Venia un empresario, nos daba la licitación, y yo se la pasaba a Luis Bárcenas. Él la gestionaba con el correspondiente ministerio y el empresario, si era adjudicatario, me entregaba un porcentaje del 2 o 3% y yo se lo llevaba a Génova".

A raíz de sus palabras, la Asociación de Abogados Demócrata por Europa e Izquierda Unida, que ejercen la acusación en el procedimiento, solicitaron que Correa fuera interrogado en el procedimiento en el que se investiga la financiación irregular del PP, junto con algunos de los empresarios citados por él mismo, como Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL, empresa a la que el acusado identificó con el pago de comisiones junto con ACS.

En su informe, el fiscal adscrito al caso, Antonio Romeral, se muestra partidario de la reapertura de la causa para proceder a interrogar a Correa y al constructor Alfonso García Pozuelo, uno de los tres acusados arrepentidos que declararon ante el tribunal de la Gürtel en relación con el pago de comisiones para la adjudicación de contratos y que en la sala de vistas admitió que parte del dinero fue para "órganos centrales" sin especificar más. También propone citar a Plácido Vázquez, al que Correa concedió ante el tribunal un lugar destacado en la mecánica del cobro de comisiones.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que antecedió a De la Mata en el Juzgado Central de Instrucción número 5, concluyó la instrucción del caso de la caja B del PP el 24 de marzo de 2015. Ruz proponía juzgar a los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta -que en el juicio que se está celebrando se ha librado del banquillo por demencia sobrevenida-, el exgerente Cristóbal Páez y dos responsables y una empleada de Unifica, la empresa que realizó las obras de reforma de la sede de la calle Génova, parte de las cuales se pagaron en negro.

TAMBIÉN EMPRESARIOS

La petición de las acusaciones populares incluía también llamar a declarar al empresario Juan Miguel Villar Mir, propietario de OHL, aspecto desoído por el momento por Anticorrupción. Izquierda Unida basaba esta solicitud en informaciones relativas a que el expresidente balear Jaume Matas habría ofrecido a Anticorrupción información relativa a que Javier Arenas organizó una reunión en la sede del partido de la calle Génova con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta para que se adjudicara a OHL la reforma de un hospital en las islas, extremo que cuadra con el dato de que Bárcenas apuntara "JM Villar Mir 180.000 euros" en el 2006. Considera que todos ellos son hechos nuevos que permiten solicitar la reapertura de las actuaciones, con la nueva imputación de los empresarios y la declaración de Matas y de Correa como testigos.