La Fiscalía Anticorrupción pide prisión para el expresidente madrileño Ignacio González que aunque ha declarado ante el juez Eloy Velasco durante 2 horas y 45 minutos los ha dedicado a negar los hechos que se le imputan en el 'caso Lezo', como las diversas irregularidades cometidas en la gestión del Canal de Isabel II, entre las que destaca la compra en 2013 por Inassa, filial sudamericana de la empresa del agua, de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, lo que supuso un perjuicio a las arcas madrileñas calculado en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros).
Tampoco reconoció las comisiones pagadas por la construcción de un campo de golf en los terrenos del Canal en el centro de Madrid, hechos por los que también se detuvo a su hermano Pablo -exdirectivo de Mercasa- y a su cuñado Juan José Caballero, quienes se han negado a declarar ante el magistrado.
También negó irregularidades en la construcción del tren entre Móstoles y Navalcarnero, que habría sido abonado por OHL, hechos por los que responderá el empresario Javier López Madrid, consejero de la constructora y yerno del fundador de la compañía Juan Miguel Villar Mir. López Madrid ya compareció ante el juez Velasco por la financiación ilegal del PP, hechos por los que ahora se investiga también a la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), cuyo exresponsable José Martínez Nicolás, ha vuelto a repetir la experiencia de ser detenido que vivió en el 'caso Púnica'.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado prisión incondicional para dos de los nueve detenidos: la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon, y el exresponsable de Inassa y consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino. El magistrado decretó el jueves por la noche el ingreso en prisión pero eludible con una fianza de cuatro millones de euros para Richmon. El juez, que impuso comparecencias mensuales a la secretaria de Rodríguez Sobrino,Clarisa Guerra Soto, ha decretado el embargo de todos los bienes y cuentas de los arrestados en la operación, lo que dificulta el pago de estas garantías.
Ello incluye a las que se encuentran en el extranjero, que en el caso de Rodríguez Sobrino son muchas. De hecho, tenía en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 con la amnistía fiscal, según consta en el auto de registro, en el que se describen "numerosas" operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo.
Una hija de Rodríguez, imputada en el caso, según Efe, controla el patrimonio oculto de su padre. Consta como propietaria de una vivienda en Barranquilla (Colombia), ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por Inassa, otras en Puerto Plata (República Dominicana), adquirida en fechas "muy próximas" a la compra de la sociedad brasileña Emissao, así como una tercera vivienda en Londres. También dispone de cuentas corrientes en el Reino Unido y en Jersey.
El magistrado investiga las inversiones inmobiliarias de Rodríguez Sobrino en Colombia en 2013 y 2011, cuando intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre de 2016 con él para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.
23 MILLONES DE EUROS
En el auto en el que decretó prisión eludible con fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal y consejera de Canal Extensia María Fernanda Richmon y de 100.000 para el exgerente de la empresa del agua Adrián Martín, que ya ha aportado a través de un aval, se cifra la malversación cometida en la compra de la brasileña en 25 millones de dólares (23,3 millones de euros) "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales". El magistrado afirma en esa resolución que tanto Richmon como Rodríguez Sobrino actuaron "en connivencia" para sobrevalorar el precio de las participaciones de Emissao.
Velasco imputa a los detenidos delitos de pertenencia en organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. El primer delito no fue utilizado por la Fiscalía Anticorrupción para solicitar las medidas que debían imponerse a los primeros detenidos que comparecían ante el magistrado, ya que el fiscal jefe, Manuel Moix, entendía prematuro atribuírselos ya a los detenidos en la operación Lezo. No obstante, como consta en la querella presentada por Anticorrupción en julio de 2016, el magistrado lo sigue aplicando.
Además, previsiblemente en breve la Fiscalía no será la única acusación personada en la causa. Este viernes lo han solicitado el PSOE, Podemos y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) su personación al Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado deberá decidir ahora si los acepta, algo que parece más que previsible ante las polémicas que se están produciendo en el seno de la Fiscalía Especial, donde hubo de reunirse la Junta de Fiscales para poder realizar unos registros vinculados a una operación realizada por Inassa en 2001, es decir, dos años antes de que González asumieera la gestión del Canal.
IRREGULARIDADES EN LA OPERACIÓN
El auto de prisión eludible con fianza detalla las principales irregularidades detectadas por los investigadores, entre ellas la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".
Además, se modificó el porcentaje de adquisión -del 40 al 75 por ciento- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda. La compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia. El magistrado sostiene que la auditora KPMG afirmaba en un informe que "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisión".
MÁS OPERACIONES
La resolución también hace referencia a otras operaciones del Canal Extensia, como la compra de Soluciones Andinas, "aparentemente de forma indebida" a Oriol Serra Ibars, director ejecutivo de Igmasa Management, empresa presidida por Ignasi Maestre.
El juez también acusa a Martín de haber "intervenido activamente en la manipulaciónn de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid, dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo Essentium".
