La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito para pedir al juez José de La Mata, que instruye la causa del 3%, que mantenga la condición de causa compleja en la investigación y prorrogue 18 meses la instrucción. También que practique nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de seis nuevos testigos que, por sus cargos públicos “han tenido relación directa o indirecta con el investigado Germà Gordó (…) para acreditar que hay un modus operandi idéntico” en la supuesta trama delictiva para financiar a Convergència Democrática con sobornos a cambio de conseguir contratos para obras públicas en Cataluña.
La Fiscalía pide citar como testigos a Jordi Campillo, actual gerente de Ecología Urbana del ayuntamiento de Barcelona; Jordi Ribas, adjunto a la gerencia de esta misma área; Leonard Carcolé, exdirector de la Agencia Catalana del Agua, Joan Pinyol i Ribas, actual director de Medio Ambiente de la autoridad metropolitana de Barcelona y otros dos funcionarios: Gemma Sendra y Vicente Francisco Campanales. Con estas nuevas testificales, el ministerio público pretende estrechar más el cerco sobre quien fuera conseller de Justicia, gerente de CDC y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó, a quien sitúa en el epicentro de los hechos que se investigan.
DIO "COBERTURA" PARA LA CORRUPCIÓN
En su escrito, el fiscal José Grinda, asegura que Gordó fue la persona “con poder político y social en CDC y en la Administración pública de Cataluña”, que dio “cobertura” a otros investigados como Andreu Viloca, extesorero de CDC, para la corrupción en las contrataciones públicas: “Viloca, por sí solo, no podía incidir en la decisión de los organismos públicos de los que dependían las contrataciones. De lo investigado hasta el momento no hay datos que permitan concluir, en absoluto, el enriquecimiento patrimonial del Sr. Viloca, más allá de las invitaciones que se han constatado por parte del algunos de los empresarios beneficiados”.
El sumario del caso detalla los “regalos” con los que algunos empresarios agasajaron a Gordó y Viloca, entre otros, a cambio de adjudicaciones: una cacería, marisco, una invitación al palco del Santiago Bernabéu...
Anticorrupción añade que “el señor Viloca no exigía pagos para sí (no constan), sino para el partido político al que pertenecía” y recalca que es “en el partido político donde hay que encontrar la estructura que daba soporte y fuerza a las demandas del señor Viloca”. El pasado 27 de julio, la Audiencia Nacional imputó al PDECat como partido heredero de Convergència. El juez José de la Mata atribuye a ambas formaciones la condición de personas jurídicas investigadas por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
