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LOS ESCÁNDALOS DE LOS PARTIDOS

Anticorrupción decidirá si actúa contra Camps al final del juicio

La que fue durante 20 años gerente del PP valenciano niega la financiación irregular. La prescripción de los delitos dificulta implicar penalmente al expresidente

 

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps atendió ayer a los medios que le esperaban en la sede del Consejo Jurídico Consultivo, en Valencia. - MIGUEL LORENZO

ÁNGELES VÁZQUEZ / E. P.
26/01/2018

La Fiscalía Anticorrupción quiere esperar a que concluya «la totalidad de la práctica de la prueba propuesta por las partes» en el juicio del caso Gürtel relativo a la financiación ilegal del PP en Valencia para pronunciarse sobre una hipotética responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, según informó la Fiscalía General del Estado. Tanto su número dos en el partido, Ricardo Costa, como el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, el Bigotes, le atribuyeron ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, la creación de la maquinaria utilizada por el PPCV para financiarse en B y con facturas pagadas por empresarios adjudicatarios de obra pública.

En este procedimiento, en el que Camps comparecerá como testigo de la defensa, será muy complicado actuar penalmente contra el expresidente valenciano, según fuentes jurídicas. Nueve empresarios, el jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, Costa y el Bigotes admitieron que se cometieron tres delitos electorales, por las campañas municipales y autonómicas del 2007 y las generales del 2008. Para que los empresarios pagaran los servicios realizados en realidad al PP se hicieron facturas falsas, lo que supone otro delito de falsedad documental. Pero todos han prescrito sobradamente.

Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que se pudiera abrir un nuevo procedimiento por cohecho, malversación o prevaricación, pero tampoco parece probable que no hayan prescrito. Lo que sí es más fácil es que se puedan incorporar al caso Taula –donde se investigan, entre otros delitos, el blanqueo presuntamente cometido por el PP del ayuntamiento valenciano en los tiempos de Rita Barberá– las declaraciones realizadas por Ricardo Costa relativas a cómo se financió el PP con dinero negro y facturas giradas a empresarios que pagaban los servicios que Orange Market prestaba al partido. Aunque Costa no mencionó Valencia, sí contó cómo se pagaron gastos electorales municipales de Castellón, Alicante y Elda.

El juicio entró ayer en una nueva fase, en la que los acusados empezaron a negar las acusaciones que dirige en su contra Anticorrupción. La gerente del PP valenciano entre 1995 y 2015, Cristina Ibáñez, negó que existiera un sistema de financiación irregular o haberlo creado.

Ofendida por la declaración del expresidente de las Cortes Vicente Rambla, que calificó de «chapuza», Ibáñez aseguró que el único efectivo que ingresaba en las cuentas del partido era el procedente de donativos anónimos legales, inferiores a 3.000 euros.

PRIVILEGIOS EN VALENCIA

Ayer, fue el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, el encargado de pedir «perdón» por la financiación ilegal del PP valenciano admitida el miércoles por Ricardo Costa. Pero, pocas horas después de esta declaración, el PPV rechazó en las Cortes valencianas instar a Camps a renunciar a sus privilegios como expresidente. Los populares se abstuvieron en una votación en la que el resto de partidos aprobó una proposición no de ley que exige a Camps que renuncie, por ejemplo, a su puesto en el Consejo Jurídico Consultivo, que le reporta 58.000 euros brutos al año y al que tiene derecho hasta el año 2026.

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