El municipio guipuzcoano de Elgeta, icono de la resistencia antifranquista, ha conseguido, 80 años después de que las tropas del general Franco arrasaran el municipio, abrir una espita en busca de justicia y llevar un halo de esperanza al colectivo memorialista. «¡Ya era hora de que se investigaran los crímenes!», celebra el bisnieto de una asesinada. Y es que un juzgado de Bergara ha admitido a trámite la querella presentada por el Ayuntamiento y ha aceptado investigar los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Es la primera vez en España que un juzgado acepta indagar, en base a dichos delitos, los abusos cometidos en la guerra civil y la represión posterior, después de que el Tribunal Supremo, en la sentencia que declaró inocente al exjuez Baltasar Garzón precisamente por tratar de enjuiciar la dictadura, cerrara la puerta de los tribunales a los represaliados. El Supremo consideró que los hechos denunciados estaban prescritos y avaló la vigencia de la ley de amnistía, que perdonó los crímenes anteriores al 77.

En base a esta jurisprudencia, hasta ahora las audiencias en territorio español han rechazado todos los casos que se le han ido presentando. Pese a ello, la coordinadora de la llamada querella argentina (en el país sudamericano sí se ha abierto una investigación que avanza a duras penas por las trabas impuestas desde España), decidió plantar cara e impulsar que los ayuntamientos afines presentaran una avalancha de denuncias, de las que solo ha dado fruto la de Elgeta. El juzgado de instrucción número 4 de Bergara ha abierto diligencias y ha citado, a partir del 17 de enero, a los testigos. Dicha denuncia se basa en 14 agresiones ocurridas entre 1936 y 1977, las mejor documentadas, gracias al relato de los descendientes de las víctimas, todas ellas fallecidas.

La demanda no se dirige contra el franquismo en general, sino que pretende que el instructor identifique a los culpables. El abogado de la querella argentina Jacinto Lara se felicita porque, por primera vez, un tribunal haya roto con el «criterio de uniformidad» marcado por el Supremo y haya atendido al derecho internacional, que determina que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no se pueden amnistiar.

ESPERANZA

También el alcalde, Iraitz Lazkano (EH Bildu), explica que la corporación está «esperanzada», mientras que entre los familiares de los querellantes hay quienes han recibido el auto judicial con «ilusión», pero otros «no están muy convencidos» de que, tantas décadas después, «se haga justicia». Entre ellos se encuentra Jesús Mari Txurruka, bisnieto de Andresa Iriondo y sobrino nieto de Paskual Askasibar. La madre de su abuela fue tiroteada cuando salió de su caserío, de noche, con un candil, en 1936, mientras que Askasibar fue deportado en la guerra y acabó muriendo en un campo de concentración nazi. Txurruka mantiene un «optimismo en su justa medida» en torno a que la querella fructifique. «Espero que al menos sirva para abrir brecha», dice.