El equipo de abogados que defiende en Bélgica al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y el que ha presentado la demanda civil en su contra en nombre del expresident Carles Puigdemont volverán a verse las caras el próximo 25 de septiembre en Bruselas. Es la fecha que fijó el Tribunal francófono de Primera Instancia para celebrar la primera audiencia tras el aplazamiento concedido ayer. Fue una vista breve, de apenas cinco minutos, en la que el abogado de Llarena y de España, Hakim Boularbah, pidió más tiempo y un tribunal formado por tres jueces para dirimir un caso que a su juicio no compete a la jurisdicción belga.

«El Reino de España y el Juez Llarena contestan la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas. He solicitado que se pospusiera la audiencia al 25 de septiembre para permitir al Reino de España intervenir para defender la inmunidad de su jurisdicción y la de su órgano, el juez Llarena», explicó Boularbah ante los medios de comunicación minutos después de intervenir en una sala abarrotada de abogados y periodistas. No aceptó preguntas pero sí dejó claro que Llarena no se presentará ante el tribunal. Boularbah, del despacho contratado por el Gobierno español, justificó la petición de tres jueces por la «excepcionalidad» del asunto. Una petición que secundó el equipo de Puigdemont y los exconsellers, representados por Christophe Marchand y Gonzalo Boye. «Es un tema complejo y siempre es bueno tener un criterio más amplio. En su lugar hubiésemos hecho lo mismo», admitió Boye, que auguró que el proceso va para largo.

«Desde sectores interesados en España se había instalado la idea de que hoy iba a haber alguna decisión sobre el fondo del tema. Eso no es así y no va a ser así durante mucho tiempo porque es un procedimiento complejo que se sigue de acuerdo a las reglas procesales belgas», dijo, rechazando la línea de defensa de España y subrayando que Bélgica sí es competente.