Andreu Van den Eynde, abogado de la defensa del 'exvicepresident' de la Generalitat Oriol Junqueras y del 'exconseller' Raül Romeva presentará una queja formal ante el Tribunal Supremo en la que acusa al magistrado Manuel Marchena de haber suplantado ayer las acusaciones al interrogar al mayor Josep Lluís Trapero.

En el interrogartorio de este jueves al 'major' de los Mossos, Marchena no dejó preguntar a la fiscalía sobre dos reuniones que mantuvo con Puigdemont y otros miembros del Govern días antes del referéndum. Trapero había sido pedido como testigo solamente por parte de VOX -y algunas defensas- y el tribunal consideró que las preguntas de la fiscalía "desbordaban los límites de los desarrollos de la prueba", que deacuerdo con el aryículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, que la fiscalía no podia preguntar sobre algo que no había preguntado ya la acusación popular. Sin embargo, los abogados de las defensas denuncian que Marchena formuló una pregunta "claramente de cargo" que anteriormente había vetado al fiscal. En su escrito subrayan la necesidad de preservar "la debida imparcialidad" del tribunal.

EXHIBICIÓN DE VÍDEOS Y PRUEBAS

Todas las defensas se han coordinado para presentar quejas en las que denuncian las "restricciones" a sus interrogatorios y cuestionan a que se limite la exhibición de vídeos como prueba. Hacen hincapié en que la "prueba videográfica" es necesaria para confrontar las declaraciones de testigos en el juicio, en el que la semana que viene comienzan a comparecer varios de los guardias civiles citados y anuncian que van a solicitar que se proyecten los vídeos cuando el testigo deba reconocerse en alguna filmación o cuando declare hechos incompatibles o divergentes con lo que está recogido en las grabaciones. En su opinión, no permitir su visualización afectaría al derecho de prueba y defensa.

Protestan asimismo por la decisión de Marchena de no permitirles argumentar sus protestas cuando no se les permite realizar una pregunta o presentar una prueba. La defensa de Junqueras y Romeva subraya en su escrito que esa "situación de indefensión" se arrastra desde la fase de instrucción, donde el juez Pablo Llarena ya restringió sus intervenciones. Critican que ahora, "bajo el pretexto de la igualdad de armas", se limiten formalmente los derechos tanto de la acusación como de la defensa, cuando ésta última "tiene una posición privilegiada" en un sistema penal que otorga al acusado la presunción de inocencia. Sostienen los abogados que las preguntas de la defensa deben ser aceptadas cuando puedan influir en el fallo y recuerda que hay centenares de testigos citados que no han declarado nunca en el proceso y respecto a los cuales se encuentran en inferioridad de condiciones, ya que la Fiscalía sí los ha interrogado en otros procedimientos de los que son parte.