La abogada del Estado Rosa María Seoane defendió ante el tribunal su acusación por sedición, a diferencia de la de la fiscalía que considera un "golpe de Estado" lo ocurrido en el otoño del 17 en Cataluña. Y también marcó distancia con el ministerio público al huir de los titulares. Le costó afirmar que los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se subieron a los vehículos de la Guardia Civil "no para que se les oyera mejor, sino para alentar a las masas".

Añadió que lo ocurrido el 20 de septiebre de 2017, ante la conselleria de Economia, evidencia no tanto que se quisiera evitar el registro, sino el ascendente que los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y de Ómnium Cultural tenían sobre la masa hasta el punto de ser quienes podían desconvocar una movilización.

Hasta ese momento había optado por enumerar cronológicamente los "hitos" en los que basa su acusación de sedición y no había ido más allá de afirmar que "no hay más legitimidad que la defensa de la Constitución" y que toda la actuación de los acusados "carecía de legitimidad alguna".

En esa enumeración, Seoane fue remitiéndose a las distintas pruebas incluidas en la causa, como el documento Enfocats y la agenda Moleskine intervenida al número dos de Oriol Junqueras en Economía, Josep Maria Jové. Para a continuación realizar una enumeración de las distintas leyes que fueron siendo anuladas por el Tribunal Constitucional como la partida para consultas referendarias que se incluía en los presupuestos.

Así hasta llegar a las aprobadas en septiembre de 2017, entre ellas la de convocatoria del 1-O y la de transitoriedad jurídica hacia la república catalana.