España otorgará el permiso de residencia a los británicos que residen en el país en caso de que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE) sin acuerdo. Se calcula que unos 400.000 británicos residen en España actualmente. El plan de contingencia aprobado ayer por el Consejo de Ministros extiende todos los beneficios previstos a Gibraltar, aunque deja claro que España tendrá derecho de veto sobre la situación del Peñón en cualquier pacto futuro entre Londres y Bruselas.
Todas las medidas del plan prolongan el actual estatus de empresas y ciudadanos británicos en España, pero se impone una condición: que el Reino Unido aplique el mismo trato a los españoles residentes en las islas británicas. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros pretende blindar los derechos de los británicos que residen o trabajan en España, especialmente en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar. Todos los empleados públicos británicos que accedieron a la Administración española por ser europeos podrán mantener sus puestos.
Los británicos que viven en España tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), el documento que acreditará de forma definitiva su residencia legal en España, en el caso de que haya un brexit duro. El Gobierno prevé que los documentos estarían listos en un plazo de 21 meses a partir de la fecha de salida. Además, sus permisos de conducir tendrán en España una validez de nueve meses y en ese plazo podrán canjearlo por uno español. Después no será posible el canje hasta que España y el Reino Unido firmen un convenio bilateral.
El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, confió en no tener que aplicar el plan porque se haría «única y exclusivamente si el Reino Unido decidiera salir de la UE sin acuerdo y por la ventana».
Borrell avanzó, además, la firma inminente, el lunes próximo, de un tratado fiscal con el Gobierno británico relativo a Gibraltar, con lo que «queda resuelto el paquete» sobre el Peñón. Y añadió que quedará explícitamente señalado que, haya o no acuerdo, los memorándums y el tratado fiscal seguirán siendo válidos. Existe la certeza, además, dijo, de que el Reino Unido va a aprobar un paquete de medidas similares.
Por otro lado, no quiso aclarar si el Gobierno exigirá mantener la alusión a Gibraltar como «colonia» en la normativa que se negocia en Bruselas para eximir a los británicos de tener que pedir el visado para entrar en el espacio Schengen.
España cuenta con el acuerdo del Consejo Europeo y la Comisión Europea, pero el Parlamento Europeo no acepta la redacción del plan. Borrell señaló al respecto que el asunto se sigue negociando y que el ponente del informe de la Eurocámara, que «interpreta la posición del Parlamento, pero no la fija», es de nacionalidad británica. «No quiero establecer una relación de causalidad, pero a lo mejor la hay», deslizó el ministro.
EL CAMPO DE GIBRALTAR / El decreto aprobado para el caso de que no haya acuerdo incluye medidas para que los británicos en España puedan seguir trabajando, con el reconocimento de sus cualificaciones profesionales, incluso en el caso de profesiones para cuyo acceso y ejercicio se exigiese ser nacional de un Estado miembro.
Los 14.000 residentes en el Campo de Gibraltar (9.000 de ellos son españoles) que se desplazan diariamente a trabajar al Peñón podrán acceder a las prestaciones por desempleo reconocidas por España por los periodos cotizados en Gibraltar antes y después de la fecha de retirada de la UE, sin que se les requiera haber cotizado en el sistema de Seguridad Social español. También se prevé la asistencia sanitaria en términos «extremadamente generosos para que no haya ninguna situación de ruptura», dijo Borrell.
