Sin hacer nada, Junts per Catalunya puede acabar aportando mucho a la gobernabilidad de España. Poco después de conocerse que el Congreso suspende como diputados a los cuatro presos preventivos por el procés, dando un último vuelco a una campaña del 26-M que comenzó con la inesperada muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, fuentes de la formación posconvergente explicaron que no tienen pensado hacer correr la lista. Los escaños de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez quedarían vacíos, informa Fidel Masreal. Al menos, hasta después de la sentencia del Tribunal Supremo, prevista para otoño. De ser así, al margen de lo que decida Oriol Junqueras (ERC), Pedro Sánchez ya no necesitaría la abstención de algún parlamentario republicano para garantizarse la investidura.
Al líder socialista le bastarían los 175 apoyos que cosechó el pasado martes Meritxell Batet como presidenta del Congreso. Al no ser sustituidos los tres dirigentes de JxCat, serían 347 diputados, y no 350, los que se posicionarían sobre la reelección de Sánchez, en un pleno en la Cámara baja que el Gobierno calcula que se celebrará a finales de junio o principios de julio. En una segunda votación, en la que no se necesita mayoría absoluta sino solo más síes que noes, serían suficientes los 175 respaldos de Batet, que vinieron del PSOE (123), Unidas Podemos (42), el PNV (seis), Coalición Canaria (dos), Compromís (uno) y el Partido Regionalista de Cantabria (uno).
Pero para eso falta todavía que la Mesa del Congreso determine, tras estudiar un nuevo informe de los letrados de la Cámara baja, si se rebaja el cómputo de la mayoría absoluta ante este nuevo escenario, algo que en la Moncloa dan por hecho.
Poco antes de que se conociera ayer la suspensión de Junqueras, Rull, Turull y Sànchez (que se daba por descontada), la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló el camino. «Está todo abierto, pero la elección de la presidenta del Congreso supone una orientación. Se reunieron 175 votos. Fue una mayoría. Y no hubo apoyos ni de ERC, ni de Junts per Catalunya», dijo.
Las negociaciones sobre la investidura, hasta ahora tentativas, no comenzarán a fondo hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mañana. El Ejecutivo se impone «prudencia» y evita expresar su satisfacción por una posible reducción de las mayorías para la investidura. Sin embargo, fuentes gubernamentales reconocen que «todo lo que ayude a la gobernabilidad y la estabilidad supone un paso adelante».
Los socialistas, al margen de si aceptan o no el Ejecutivo de coalición que reclama Pablo Iglesias, consideran casi seguro que Sánchez reunirá los mismos apoyos que Batet. Con una salvedad: Coalición Canaria, un partido que se ha mostrado hasta ahora contrario a apoyar la investidura de Sánchez si va de la mano de los morados. Sin embargo, el PSOE confía en que los resultados de las autonómicas en el archipiélago sirvan para allanar el camino hacia la reelección de su secretario general.
Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PSOE sería la primera fuerza en las islas, con un 27,8% de los votos, frente al 16,5% de Coalición Canaria. Fuentes del partido de Sánchez señalan la posibilidad de ofrecer a la formación canaria la presidencia autonómica a cambio de su apoyo a la investidura.
Las elecciones también darán pistas sobre una posible coalición entre PSOE y Unidas Podemos, que dependerá de dos grandes factores: cuánto se necesiten Sánchez e Iglesias en comunidades y municipios y qué resultado obtenga Ciudadanos, porque el PSOE argumenta que si los naranjas logran superar al PP en territorios clave, harán una oposición muy dura, algo que inclinaría al presidente en funciones a sumar a los morados al Gobierno.
Todo está en el aire, a la espera de la correlación de fuerzas que se configurará en las elecciones, en las que el PSOE busca amarrar poder territorial para gobernar en solitario. El PP aspira a no perder las plazas clave, Cs tiene firmes esperanzas de adelantar a los conservadores y los de Pablo Iglesias buscan ser llave de gobierno, a pesar de que Más Madrid se puede llevar la parte más dulce del pastel tras una campaña que terminó con un acto de Vox ante la sede del Supremo.
Socialistas y morados vivieron este viernes su primer desencuentro desde las generales del 28 de abril. La formación de Iglesias votó en contra de declarar la suspensión a los diputados presos, como instaba el informe de los letrados parlamentarios, informa Miguel Ángel Rodríguez, una decisión que salió adelante con los apoyos de PSOE, PP y Cs. Las discrepancias, quisieron suavizar en Podemos, no lastran su confianza en formar una coalición con Sánchez.
La decisión pone final a la tensión entre Congreso y Supremo, desde donde se considera irrelevante que la Mesa acuerde la suspensión al aplicar el reglamento o la ley de enjuiciamiento criminal. Fuentes jurídicas recuerdan que en su día el instructor, Pablo Llarena, se decantó por esta norma cuando instó al Parlament a que les suspendiera, ante la ausencia en el reglamento de un artículo equivalente al 21.1 del del Congreso. Además, rechazan responder el escrito fiscal que pedía al alto tribunal dirigir una comunicación similar a la Cámara baja, porque esta ya ha actuado y solo dilataría el procedimiento, informa Ángeles Vázquez.
