Al colectivo de Educadores Sociales de nuestra provincia no les cuadran los números para poder atender a los 46 centros educativos de zonas desfavorecidas. En el caso de la capital son tres los que tienen que cubrir Palmeras, Moreras y el Distrito Sur (Guadalquivir) mientras que el resto hacen lo propio en barriadas de Palma del Río, Puente Genil, Baena y Peñarroya-Pueblonuevo. Manuel Ríos es uno de ellos pero como confiesa, «claramente no atendemos a todos ni de broma», y es que cada educador atiende como mucho a cuatro o cinco centros educativos «que ya son demasiados», apunta.

Estos perfiles vienen desarrollando una importante labor socioeducativa en algunos centros educativos de Primaria y Secundaria desde finales del año 2006, año en el que Andalucía se convirtió en una de las comunidades autónomas pioneras a la hora de la implantación de esta figura en el sistema educativo. «El compromiso público de la Administración fue que en el año 2012 el sistema educativo andaluz contaría con unos 200 educadores sociales. Sin embargo, 15 años después, lejos de haber aumentado el número de esa plantilla, sólo quedamos 43 a nivel regional», se lamenta Ríos.

Estos profesionales trabajan con el profesorado, familias, alumnado y toda la comunidad educativa, de manera conjunta, para implementar estrategias que contribuyen a reducir el absentismo y el abandono escolar temprano, favorecer la convivencia en los centros educativos, acompañar al alumnado especialmente vulnerable y promover la participación social y el desarrollo comunitario. Del mismo modo, los educadores sociales sirven de refuerzo a la labor tutorial, siendo un apoyo para los docentes y los profesionales de la orientación educativa a la hora de atender las necesidades que llegan a la escuela. En esta situación, en la que se ven obligados a no atender a todos los centros aún a sabiendas de que la intervención sería necesaria, tienen que priorizar «acordándolo con el Equipo de Orientación Educativa de referencia y donde vemos que hay más opciones de que la participación sea más productiva y transformadora ahí es donde vamos», explica el educador social. Tanto él como sus compañeros piensan que, a pesar de que Andalucía lidera el ranking nacional y europeo de fracaso escolar, con una tasa de incidencia del 21,8 % del total del alumnado, y de los problemas de convivencia que existen en los centros educativos, «la administración no apuesta firmemente por los profesionales que trabajamos específicamente en la prevención y construcción de soluciones a estas necesidades, entre las que también se encuentra la lucha contra el acoso escolar o la desconexión educativa que está aumentando como consecuencia de la situación de emergencia social y sanitaria derivada de la pandemia», apunta.

Ante esta situación, este colectivo exige a la Junta de Andalucía que «amplíe la plantilla para poder ofrecer una educación pública de calidad e igualdad de oportunidades real a todo el alumnado, al tiempo que reclaman que se les tenga en cuenta a la hora de desarrollar la normativa educativa en relación con la educación compensatoria, la atención a la diversidad, la exclusión social, el absentismo y abandono escolar y la participación de las familias en los procesos educativos».

Para ello han presentado un manifiesto en la Consejería de Educación requiriendo la ampliación de plazas y la participación en normativas específicas y que hasta la fecha ha conseguido el respaldo de colegios profesionales, universidades, sindicatos, consejos de estudiantes, confederaciones y federaciones de AMPAS, asociaciones educativas como Adian (Asociación de Directores de Instituto de Andalucía), entidades sociales y la Federación de Asociaciones de Profesionales de Orientación Educativa de Andalucía.