Al día siguiente de que Vox condicionara su apoyo al pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía a que dejen sin fondos la lucha contra la violencia de género, el asesinato de una mujer en Laredo y la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra de mantener en libertad provisional a los cinco miembros de La Manada volvieron a poner de manifiesto las falsedades de los argumentos de la extrema derecha contra lo que califica de «ideología de género». No existe tal cosa, la ideología de género, sino un aparato legal puesto en marcha con el objetivo de proteger a las mujeres de una violencia estructural ejercida por los hombres contra ellas por el hecho de ser mujeres. Conviene repetirlo con absoluta firmeza las veces que haga falta, en unos momentos en que, necesitados de sus votos, el centro derecha español busca formas de blanquear a Vox para gobernar a su lado, a pecho descubierto (PP) o de forma vergonzante (Cs), aceptando su hipotético respaldo en los votos pero sin negociar directamente con esta formación que se incorpora por primera vez al Parlamento de Andalucía.

La Ley de Violencia de Género no es una forma de «imponer leyes de control ideológico» para el «negocio de lobis feministas». Las cifras no indican que los asesinatos de hombres a manos de mujeres o las denuncias falsas sean tan relevantes como el asesinato de mujeres a manos de parejas o exparejas o las agresiones sexuales de todo tipo de hombres contra mujeres. La «violencia intrafamiliar» de la que ya habla el PP es un eufemismo machista que busca blanquear el machismo reaccionario de Vox. Feminismo no es la otra cara de la moneda de machismo, el primero es una movimiento igualitario y lo otro es una lacra social a erradicar. Cargar contra la Ley de Violencia de Género, contra el feminismo, de hecho, no es un asunto ideológico, opinable o que atañe tan solo a las mujeres; supone poner en riesgo derechos y libertades. En este sentido, defenderlo es responsabilidad de todos.

Fuera del consenso --con matices-- que generan asuntos como la bandera, la caza y los toros, PP y Ciudadanos se han dado de bruces con la realidad que supone un pacto con Vox sin ni siquiera haber empezado a gobernar. La respuesta tanto de Juanma Moreno como de Juan Marín ha sido razonable: seguirán manteniendo las políticas contra la violencia de género. Quizá Vox solo busca con esto una foto en la mesa de negociación, o un golpe fuerte de protagonismo mediático que aumente su influencia de cara a próximos comicios. Pero existe el riesgo de que, como sucede por ejemplo en España y en Europa con la inmigración, la presión de Vox lleve a estos partidos a asumir parte de sus postulados. Sería un grave error y una gran irresponsabilidad. Es legítimo querer gobernar, en este caso en Andalucía, tras 36 años de socialismo. No lo es blanquear una ideología reaccionaria y machista que pone en riesgo derechos, libertades y vidas.