El traslado de los restos de Francisco Franco desde el valle de los Caídos hasta un destino que de momento es incierto --a pesar de los ofrecimientos que van surgiendo- se está convirtiendo en una odisea política e institucional. De todos los mensajes, solo queda clara la intención del Gobierno de impedir que sean enterrados en un lugar que pueda convertirse en centro de peregrinación y exaltación de la figura del dictador. Al conflicto político se suman otras cuestiones. Diversos técnicos que asesoran al Gobierno calculan que este episodio, que ha adquirido caracteres de culebrón, no podrá concluir antes de fin de año, debido a la multitud de pasos administrativos (alegaciones, recursos, etcétera) que hay que cumplir para no dar un paso en falso. Si es así, habrán transcurrido más de cuatro meses desde que el Ejecutivo iniciara los trámites a finales del pasado agosto. Aunque el Gobierno haya podido cometer algún error en este asunto, los responsables de tan larga tramitación son los familiares del dictador, que no han cesado de poner dificultades. Aunque tengan derecho a agotar todos los recursos legales, su actitud no deja de ser de una arrogancia injustificable. El Ejecutivo debe intentar acabar cuanto antes con este asunto y aprobar lo más pronto posible la modificación de la ley de memoria histórica que debe impedir que Franco sea enterrado en un lugar público y céntrico como la catedral de la Almudena.