La Junta Electoral Central (JEC) ha dado un nuevo plazo de 24 horas para que el president Quim Torra retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios de la Generalitat. Torra se negó a cumplir el primer requerimiento hecho el pasado lunes y presentó unas alegaciones que han sido rechazadas por la JEC. Los argumentos de la Junta son impecables. Sobre las esteladas, dice que «simbolizan las aspiraciones de una parte de la sociedad catalana, pero no de toda ella», por lo que son un símbolo legítimo como «propaganda electoral», pero que, «al menos durante los periodos electorales», no puede ser usado por los «poderes públicos». En cuanto a los lazos amarillos, la JEC aduce que pueden ser usados por las formaciones políticas, pero no por «las autoridades públicas» por respeto a «la neutralidad política». Esta neutralidad política de las instituciones debería, en puridad, regir en cualquier circunstancia, pero la JEC se limita a señalar lo que atañe a los procesos electorales. La JEC avisa a Torra de las responsabilidades administrativas (multa) y penales en que puede incurrir si comete desobediencia, y pide a la Delegación del Gobierno que informe si la orden se ha cumplido. A no ser que quiera incurrir en un delito de desobediencia, lo que ha evitado hasta ahora pese a sus inflamados discursos, Torra debería acatar la resolución. Lo contrario demostraría una vez más su objetivo: acentuar el clima de tensión en Cataluña y en España.
