Los costes de la burbuja inmobiliaria que estalló en España a partir del 2009 aún son visibles: miles de familias perdieron su vivienda por no poder pagar la hipoteca, miles de trabajadores quedaron en paro, cientos de empresas quebraron y dejaron enormes deudas al fisco y a la banca, el sistema de cajas de ahorro se hundió... El panorama fue desolador y las secuelas aún son el mejor antídoto contra la creación de una nueva burbuja inmobiliaria. El Banco de España y el propio sector de la construcción vigilan que no sea así. Sin embargo, hay datos inquietantes. Aunque la media nacional de precios sigue un 30% por debajo del punto máximo del 2007, Madrid y Barcelona presentan indicadores preocupantes por las presiones de la inversión extranjera, atraída por el atractivo turístico y de servicios de estas dos grandes ciudades. El alquiler de pisos turísticos está dando hoy rentabilidades imposibles de alcanzar en casi ningún otro sector, lo que limita la capacidad de compra de las familias que no pueden competir con quienes están dispuestos a pagar por un piso lo que sea porque luego cobrarán lo que quieran por alquilarlo. Es la gentrificación, la expulsión de los ciudadanos locales a manos de los turistas y los inversores, que se va extendiendo a otras ciudades. Y que solo se puede revertir con políticas de estímulo de un parque de viviendas públicas que queden al margen de la presión inversora y tensen el mercado a la baja.