El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con la que celebró una larga entrevista, que, más allá del morbo que suscita la pugna que sostuvieron por la dirección del PSOE, era un paso obligado. Obligado el encuentro institucional, en el marco de los anunciados por el presidente con todos los territorios, y obligado por la importancia de nuestra autonomía, que lidera la exigencia de una reforma del sistema de financiación autonómica. Desde el punto de vista de la lectura política, una imagen vale más que mil palabras, y la de ayer expresó una voluntad de entendimiento más allá de la distancia personal. Debe, por tanto, repetirse. De momento, de la reunión han salido algunos compromisos, como un plan especial de empleo para Andalucía y cierto «oxígeno» en la financiación autonómica, si bien los 500 millones de los que se habla dependen de que se apruebe la flexibilización del déficit, que el PP se propone vetar en el Senado. Los resultados, por tanto, están aún en el aire, y la oposición en Andalucía está en su derecho a exigir que se aborde la reforma de la financiación autonómica, los 4.000 millones que acordó exigir el Parlamento de Andalucía. Una exigencia a la que Díaz no ha renunciado y que Sánchez reconoce, aunque el Gobierno no la abordará en esta legislatura. Al menos, la visita ha sido positiva y más productiva que las anteriores con Rajoy.