La consumación del brexit se ha convertido una vez más en un rompecabezas en el que tiene mucho que ver la desconfianza de la oposición hacia Boris Johnson y la habilidad de este para sacar siempre, a última hora, un conejo de la chistera. Ayer mismo, cuando el presidente de la Cámara de los Comunes impidió que se votara el acuerdo alcanzado con Bruselasel presidente de la Cámara de los Comunes impidió que se votara el acuerdo alcanzado con Bruselas (que el sábado quedó aplazado), el Ejecutivo británico anunció que intentará que se empiece hoy a debatir y votar la ley que debe trasladarlo a la legislación del Reino Unido, y que era el segundo paso previsto. El culebrón empezó el sábado. Cuando todo estaba dispuesto para votar el acuerdo alcanzado con Bruselas, la Cámara de los Comunes aprobó una enmienda -por 322 a 306 votos- de la ley que obliga al premier a pedir una prórroga en ausencia de tal acuerdo llegado el 31 de octubre. Johnson suspendió la votación --la iba a perder-- y, al mismo tiempo, mandó a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, dos cartas no exentas de extravagancia. En una de ellas le comunica, sin firmar el texto, que es decisión del Parlamento pedir un aplazamiento de la fecha de salida; en la otra manifiesta su opinión de que una nueva prórroga sería un error y no la apoya. Los embajadores de la UE, por su parte, acordaron el domingo continuar con los trámites (el tratado también debe ratificarlo el Parlamento Europeo).

Puede parecer una comedia de enredo, pero no lo es. Detrás se encuentra un choque entre diferentes poderes del Estado y las reiteradas negativas de Johnson a solicitar el tercer aplazamiento del brexit si el Parlamento no aprueba el acuerdo. Y la situación puede complicarse todavía más con otro choque entre poderes si el Tribunal Supremo de Escocia da la razón a quienes entienden que la exigencia de prórroga para evitar un brexit abrupto obliga al primer ministro, algo que parece indiscutible, pero que Johnson se obstina en presentar como no imperativo, aunque en la tradición constitucional del Reino Unido es inconmovible la consideración de los Comunes como la institución depositaria de la soberanía, cuyas decisiones no pueden eludirse.

Laboristas y tories

Lo que pretende la oposición es, antes de aprobar el acuerdo, disponer del aparato legal que permitirá aplicarlo. A lo que aspira Johnson es a tener cuanto antes las manos libres para poner en marcha una precampaña electoral que neutralice el dinamismo de los partidarios de quedarse, reclamantes de un segundo referéndum, defendido con la boca pequeña por el líder laborista, Jeremy Corbyn, y con entusiasmo por los liberal demócratas y los nacionalistas escoceses. Porque Johnson ha fiado su futuro político a unas elecciones anticipadas que le den la mayoría absoluta y le permitan prescindir de aliados levantiscos -los unionistas norirlandeses- y acaben con la disidencia tory, expulsada del partido.

Cualquier aplazamiento opera contra los intereses brexiters, subraya la debilidad de los conservadores y engorda las filas de la facción que que estima irrenunciable un brexit con acuerdo. De forma que vuelve a ser una incógnita en qué puede acabar el conflicto y hasta qué punto es aceptable para los Veintisiete que el brexit se convierta en una enfermedad crónica que bloquea el futuro y favorece la desaceleración de la economía.