La redada de sin papeles que planea desencadenar el presidente de EEUU, Donald Trump, abunda en la pretensión de la Casa Blanca de convertir la gestión dura de los flujos migratorios en uno de los ejes de la campaña para la reelección. La ofensiva presidencial en diez grandes ciudades tiene todas las trazas de ser una arremetida de dudosa legalidad que atenta contra los derechos humanos y la seguridad de muchas familias, carentes de documentación, pero cuyos hijos tienen nacionalidad estadounidense. Y reúne todos los ingredientes para una eventual crisis institucional a poco que un juez obligue a suspender la operación antimigratoria por carecer de base jurídica. De hecho, todo cuanto Trump y sus halcones han hecho con relación a los flujos migratorios ha chocado con el poder judicial y con la alarma de los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes. Pero, al mismo tiempo, ha sido motivo de movilización y aplauso de la base electoral que llevó a Trump a la presidencia en 2016, y es munición electoral de primer orden para los congresistas republicanos de los estados fronterizos del sur. Por lo que es fácil deducir que conforme se aproxime el inicio de las primarias demócratas -febrero del 2020- crecerá la aplicación radical de las recetas de Trump, tan útiles para subrayar su populismo exacerbado, aunque abran, como sucede ahora, un debate de orden moral sobre los límites del poder ejecutivo.