Las concentraciones de jueces y fiscales de toda España iniciaron ayer unas protestas que tendrán punto de inflexión en una manifestación convocada el 14 de abril en Madrid y, si sus reivindicaciones no son atendidas, en una huelga 22 de mayo. Jueces y fiscales vuelven a reclamar lo que en ocasiones anteriores: que se refuerce su independencia, que se modernice la administración de justicia (muy alejada de otras administraciones, como Hacienda o la Seguridad Social), que se racionalice la planta judicial con 300 nuevas incorporaciones y que mejoren sus condiciones laborales. En Córdoba, consideran que se precisan al menos dos jugados más y cinco magistrados, pero, curiosamente, los fiscales estiman que más que nuevas incorporaciones, que también, necesitan más funcionarios, una ampliación de la plantilla de personal para sacar adelante la enorme carga de trabajo. Las peticiones de jueces y fiscales son reiteradas desde hace años, y han sido satisfechas en parte, pero el tremendo retraso que lleva la tramitación y resolución de las causas demuestra que las soluciones han sido insuficientes. Otro colectivo que, justo ahora cuando vive un momento de extraordinario protagonismo, reclama al Congreso, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) condiciones para desarrollar bien su labor. Se ha dicho mil veces: una justicia tardía no es justa. Por eso, esta protesta atañe a toda la sociedad.