El primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez sirvió, además de para marcar la hoja de ruta y hacer los primeros nombramientos, para tomar una decisión enfocada a propiciar el deshielo con el Govern de Catañuña. El Ejecutivo acordó levantar la supervisión financiera a priori de los gastos de la Generalitat, una decisión que estaba incluida en el paquete de medidas tomadas al amparo del artículo 155 de la Constitución, si bien la nueva portavoz, la ministra Isabel Celaá, dio a entender que no se eliminará la vigilancia a posteriori que Hacienda ejecuta desde el 2015 sobre los gastos efectuados con el dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica. La medida, junto a la llamada de Sánchez al presidente calatán, Quim Torra, y su anuncio de que se reunirán, ha despertado de inmediato una reacción de alarma, principalmente en el PP y Ciudadanos, que han expresado su temor de que vayan a aplicarse supuestos «pactos secretos» alcanzados con el independentismo a cambio del apoyo a Sánchez en la moción de censura. La portavoz aseguró que habrá diálogo, pero con la Constitución en la mano. Es evidente que el Gobierno debe impedir que el independentismo desvíe fondos a gastos inconstitucionales y que no deberá plegarse a presiones que alejen el conflicto de un diálogo en el marco legal. Pero abrir vías institucionales para abordar el grave conflicto catalán es necesario.
