Si Pedro Sánchez consigue sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pactado con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sin que se produzca una nueva y privilegiada sangría de fondos para el País Vasco a cambio del voto del PNV y si n ceder a las absurdas peticiones del independentismo catalán habrá puesto, desde luego, una pica en flandes. El jueves pasado, el presidente del Gobierno se aseguró ayer el apoyo de Podemos a su proyecto para el 2019. No ha sido una negociación fácil. De hecho es la primera vez que se ponen de acuerdo con Pablo Iglesias. Recordemos que en la moción de censura, el PSOE no aceptó negociar condiciones. Se trataba solo de derrocar a Mariano Rajoy. Las líneas básicas del acuerdo no han sido una sorpresa: subida del salario mínimo y de las pensiones, más ayudas para la dependencia y para vivienda, más margen a los ayuntamientos para actuar en el mercado del alquiler, reforma de la cotización de los autónomos y apoyo a algunas leyes sociales que la formación morada tiene presentadas en el Congreso. Para poder incrementar este gasto sin que Bruselas saque la tarjeta roja se propone también una subida de impuestos: para las rentas superiores a 130.000 euros, para las grandes empresas, para los patrimonios superiores a los 10 millones de euros, etcétera. Podríamos decir que es un presupuesto en la banda más alta de la socialdemocracia clásica. Hay más justicia social que revolución sistémica. El PSOE consigue así domesticar el discurso de Podemos mientras ha estado en la oposición al PP, y Pablo Iglesias deja claro que si el Gobierno cae, no será por su culpa. Todos listos, pues, para cualquier incidencia. Este acuerdo revitaliza al Gobierno de Sánchez, pero aún no le garantiza la continuidad. Ayer, durante la recepción en el Palacio Real, Sánchez dijo que no negociará con los grupos nacionalistas hasta que no envíe los PGE al Congreso, probablemente a finales de noviembre. Gana así tiempo para conversaciones informales, pero mucho tendrá que cambiar la actitud de ERC y PdeCAT en sus exigencias, pues un pronunciamiento del Gobierno a favor de los presos independentistas es de todo punto imposible, y la reprobación al rey no ayuda.

La posición del PP y Ciudadanos ya es conocida: un rechazo total a las propuestas, que, según Pablo Casado, precipitarán sobre España una nueva crisis económica. Más allá de los pronunciamientos políticos, es importante tener en cuenta el mensaje lanzado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que instó al Gobierno español a que sea «cuidadoso» a la hora de implementar la subida del salario mínimo, a la vez que lamentó que España no haya aprovechado la fuerte recuperación para reconstruir «su espacio fiscal», un tirón de orejas lanzado más bien hacia el Gobierno de Rajoy.