Las marchas de los pensionistas llegaron este miércoles a Madrid. Se manifestaron pacíficamente ante el Congreso de los Diputados. Mareas de pensionistas procedentes de Cádiz, País Vasco, Asturias, Aragón, Castilla y León, Madrid, Tarragona o Galicia marcharon desde la Puerta del Sol hasta la Carrera de San Jerónimo por la madrileña calle de Alcalá, tramos que fueron cortados al tráfico durante varias horas. Cerca de 115 autobuses llegaron a la capital y se unieron a las columnas de decenas de pensionistas que el martes culminaron su marcha a pie desde Rota y Bilbao para visibilizar sus reivindicaciones. Bajo una gran pancarta que decía «Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden», la Coordinadora Estatal por la defensa del sistema público de pensiones congregó a asociaciones de jubilados y movimientos de pensionistas.

Reivindicaciones

Los manifestantes sostienen dos reivindicaciones de sentido común: la revalorización automática de sus pensiones por ley y el aumento de la prestación mínima hasta los 1.080 euros o que se iguale con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.200 euros. No les falta razón. Quieren dejar de ser objeto de mercadeo electoral como, desgraciadamente, lo están siendo en las últimas semanas. Y no se lo merecen. Han cotizado durante décadas y tienen contratado, por ley, un seguro para cubrir sus gastos tras la jubilación. No reclaman limosna ni buscan el favor de un partido político para regalarles su voto. Tienen derechos reconocidos, por ley, y no reclaman ni privilegios ni prebendas.

La dignidad de las marchas sobre Madrid debería hacer reflexionar a ciertos partidos a los que gusta jugar electoralmente con los aumentos, las reformas o las restricciones de los derechos de los pensionista. Es hora de cambiar el punto de vista. Las pensiones son, en realidad, una deuda de las actuales generaciones de trabajadores con sus antecesores que cuenta con la garantía del Estado. Mejor tratarlo desde esta perspectiva que con la de la arbitrariedad de las medidas políticas o discrecionales. El camino a seguir no es otro que la vuelta al Pacto de Toledo. Los partidos han de garantizar a los pensionistas sus derechos adquiridos. Para ello han de asumir medidas que deben estar por encima de las coyunturas políticas o electorales. Y eso significa acabar con el déficit de la Seguridad Social, por la vía de los presupuestos generales o por la vía de un aumento de las cotizaciones. No se puede rehuir ese problema por más tiempo. El crecimiento económico no va a compensar los déficits estructurales del sistema de pensiones. Ni va a crecer mucho el empleo ni van a subir los sueldos y, en consecuencia, las cotizaciones que nutren las arcas de las pensiones. Todo lo que no sea avanzar en esta dirección es pura maniobra electoral, sea para ganar votos o para provocar el colapso del sistema y una ola de recortes.