El Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba ha puesto en cuestión la limpieza de las oposiciones al Consorcio Provincial de Bomberos, celebradas en febrero del 2017 para cubrir 54 plazas. El instructor, el juez José Luis Rodríguez Lainz, ha dictado un auto en el que imputa a cerca de una veintena de personas, empezando por la vicepresidenta del organismo, Dolores Amo, y el gerente del mismo, Juan Carandell, y continuando por sindicalistas, miembros del tribunal, aspirantes a las plazas y el alcalde socialista de Priego, José Manuel Mármol. La acusación sostiene que las personas investigadas se pusieron de acuerdo para conseguir que los interinos que trabajaban en este organismo de la Diputación fuesen los ganadores de la prueba, a la que concurrían cerca de 1.500 aspirantes. Para ello el magistrado señala que para conseguir el amaño se impartieron cursos, se filtraron cuestionarios y se cometieron otras irregularidades. Desde la Diputación se niega rotundamente que hubiera irregularidades, si bien ningún investigado ha querido pronunciarse, alegando que ni siquiera se ha recibido el auto judicial. Lo cierto es que la opinión pública es especialmente sensible en asuntos que conlleven sospechas de corrupción, y resulta sorprendente que el Consorcio de Bomberos haya podido actuar así y no haya escarmentado de situaciones anteriores. En cuanto a los políticos, su obligación de dar explicaciones no puede estar condicionada por los tiempos jurídicos. Este es otro caso que certifica lo importante que es la celeridad de la justicia, pues en un proceso lento lo que reciben los implicados es la sentencia de la opinión pública, cuando lo urgente es que se conozca la verdad.
