Córdoba y Andalucía amanecen hoy con nuevas restricciones territoriales, horarias, de distanciamiento social y de actividad económica que dan sobrados motivos para la preocupación. El disgusto y el temor a un desplome de la actividad y el empleo que ya se ha hecho efectivo en el año 2020 y que según pasa el tiempo adquiere proporciones catastróficas es indiscutible. Pero... ¿Hay otra salida? Hasta el momento, las únicas medidas que han resultado eficaces para invertir la curva de la pandemia han sido las de aislamiento de la población. La apertura de las fiestas navideñas pasa ahora factura en forma de enfermedad, presión en los hospitales y muertes. Los científicos lo habían advertido, y, con las competencias delegadas, las comunidades autónomas han ido ensayando fórmulas para reducir los contagios. La Junta de Andalucía decretó unas primeras medidas tras el día de Reyes que se han demostrado insuficientes. Ahora, las endurece y pide al Gobierno autorización para adelantar a las ocho de la tarde el toque de queda y confinar a los municipios que superen los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, de los que en la provincia de Córdoba hay 12, a los que se añaden otros 9 con más de 500 contagios por 100.000 habitantes.

¿Qué ha ocurrido? Nada inesperado. La normas se relajaron y, con ellas, la propia sociedad, que, con las buenas noticias de la vacuna, no ha tenido en cuenta que se trata de una solución, como mínimo, a medio plazo, y que el peligro continúa. No se trata de buscar culpables, si bien los dirigentes políticos, bien aconsejados, deberían haber tenido la valentía de mantener medidas estrictas. Pero también los ciudadanos deben ser conscientes de su responsabilidad: no puede haber un policía en cada casa. Córdoba suma 569 muertes y 30.324 contagios, y la estadística de mortalidad nos dice que durante los meses de la pandemia fallecieron 1.000 cordobeses más que un año antes.

Vuelve el dilema entre la supervivencia económica y la salud. Siempre deberá resolverse a favor del

segundo parámetro. Es cierto que las administreaciones son reacias a declarar nuevos confinamientos, ya que el erario público empieza a perder capacidad de respuesta ante esta debacle de paro y exclusión social, pero si esa es la medida necesaria, habrá que adoptarla.

Toda la esperanza está puesta en la vacuna, pero la lentitud con la que se está aplicando convierte en una quimera la posibilidad de la vuelta a la normalidad en este 2021. Así lo ha señalado a este periódico el catedrático de Estadística de la UCO, José María Caridad, que calcula que habría que multiplicar por nueve la velocidad actual para llegar a la inmunidad de grupo en el mes de julio, pues con el ritmo actual serían necesarios tres años para inmunizar al 70% de la población. Ahí sí se puede actuar: acelerar el proceso de vacunación, que depende de que lleguen más dosis, pero también de que estas se apliquen con más agilidad, algo factible y reclamable a las autoridades autonómicas.