Ayer entró en vigor una medida que ya fue ideada por el actual director general de Tráfico cuando ostentaba el mismo cargo en el 2011, en la Administración del PSOE. En el borrador de la reforma del reglamento de circulación, Pere Navarro incluía la reducción a 90 km/h de la velocidad máxima permitida en las carreteras convencionales, que es donde se producen (el 75%) la mayor parte de accidentes. Más de 900 personas fallecieron en estas vías en el 2018, la mayoría de las veces como consecuencia de un exceso de velocidad. El Gobierno del PP, sin embargo, consideró que la imposición de este límite era una medida impopular que perjudicaba sus expectativas electorales. Ocho años después de aquel borrador y casi 40 después de estipular una velocidad de 100 km/h, España, como ocurre ya en media Europa, implanta una reducción avalada por los expertos que tendrá que imponerse de inmediato con más radares y más control, en beneficio de la seguridad viaria. Otro aspecto que atañe a esta seguridad es la enorme cantidad de conductores que circulan sin carnet de conducir. Bien por no haberlo aprobado nunca, bien por haber perdido los puntos o por suspensión, lo cual implica un notable riesgo, que se debe afrontar con severidad. Y, finalmente, cabe recordar que la nueva limitación no exime a las administraciones de su responsabilidad en la mejora de la red viaria, causa también de inseguridad y accidentes.
