El juicio en Pamplona contra los cinco hombres acusados de violar a una chica en los Sanfermines del 2016 ha creado una enorme expectación y alarma social, justificada por lo execrable de los actos de los que se les acusa: una violación grupal grabada en vídeo y difundida en las redes. La línea de defensa de los acusados es que el sexo fue consentido. La indignación en las redes sociales explotó ayer cuando se supo que el tribunal ha aceptado incorporar a la causa un informe de detectives privados sobre la vida de la víctima después del suceso. Se criticó que el desarrollo del juicio ponga el foco en la víctima y no en los acusados. Hay motivos jurídicos que pueden justificar que el tribunal haya aceptado este informe, ya que las secuelas pueden ser un factor a la hora de decidir la sentencia. Pero también hay razones que explican la indignación. El sistema judicial no es impermeable al machismo y a las estructuras patriarcales. Muchas víctimas de violación deben escuchar supuestas justificaciones del acto que sufrieron basadas en su vestimenta o en un perverso concepto de la seducción. Da igual que las estadísticas digan que las denuncias falsas son irrisorias: las mujeres sienten con razón que en los juicios a ellas les cuesta mucho más que se las crea. La víctima de los Sanfermines tiene todo el derecho a pasar página y rehacer su vida, sin que ello descarte que los acusados, si son considerados culpables, sufran el rigor de la ley. Los acusados, que se llamaban a sí mismos la Manada, tienen el derecho a un juicio justo. Pero el tribunal debe cuidar que el proceso no imponga un daño añadido a la víctima. No es ella a quien se juzga. En este sentido, la decisión de que las sesiones sean a puerta cerrada se entiende para proteger la intimidad de la víctima, pero la opacidad no suele casar bien con la justicia, y menos si beneficia a los acusados.
