La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2019 es la gran batalla política que determinará el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo y la oposición de PP y Ciudadanos se han enfrascado en un intrincado pulso legal en el Congreso de los Diputados a cuenta de una reforma exprés de la ley de estabilidad presupuestaria que permita al Gobierno esquivar el veto de los populares en el Senado. El ardid que ha utilizado el Grupo Socialista (una enmienda en una norma sobre la formación de los jueces en violencia doméstica) para impulsar la reforma por la vía rápida será combatido por PP y Cs si es necesario hasta el Tribunal Constitucional. Hasta el momento, Sánchez ha logrado orillar su debilidad parlamentaria gracias al apoyo de la variopinta coalición que le dio la victoria en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Pero en los Presupuestos se juega el futuro de la legislatura. Difícilmente podrá contentar a sus aliados potenciales --tarea harto difícil-- si no levanta el veto el Senado y desbloquea el margen presupuestario de 5.000 millones que le dio la Comisión Europea, de los que Andalucía está muy pendiente para su financiación. La cuestión es que ese dinero extra sería más que bienvenido para paliar recortes en el Estado del bienestar, pero la oposición frontal de PP y Cs no tiene intención de desbloquerlos. No solo está en juego el Gobierno de Sánchez, sino unos PGE más sociales en un país en que la brecha de la desigualdad no deja de aumentar.