El rescate del pequeño Julen Roselló, de 2 años, ha mantenido en vilo al país desde que cayó el día 13 de enero por un pozo ilegal de solo 25 centímetros de diámetro y 100 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán. Estas dos semanas se han vivido momentos de todo tipo. Desde las iniciales quejas de los padres por la falta de recursos empleados hasta el seguimiento desproporcionado de medios de comunicación que han visto crecer la audiencia con el uso de la desgracia como reclamo informativo. Desde los bulos y las insidias vertidas en las redes, alguna incluso más allá de la mínima decencia exigible, hasta el ejemplo de coordinación y solidaridad de muy diversos efectivos que hablan de la necesidad de emplear todos los esfuerzos para atenuar la desolación de una familia que ya arrastraba otros dramas. La participación de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa, de guardias civiles especializados en explosivos y en rescates muy dificultosos, de los bomberos de Málaga y de los servicios sanitarios es el último eslabón de una cadena que ha contado con múltiples colaboraciones: desde la creación de una plataforma de trabajo tras rebajar el terreno en 22 metros hasta la construcción y el encamisado, en tiempo récord, de un túnel vertical en paralelo y de la cápsula y el ascensor para el descenso de los mineros, pasando por todo un pueblo volcado en otras tareas logísticas. La dificultad del terreno y las condiciones extremas en las que han tenido que trabajar los expertos (con riesgo de su integridad física) nos hablan de una empresa casi heroica, con una idea expresada por ellos mismos: «En la mina no se queda ni un minero, y en estos momentos Julen lo es». El trágico y previsible desenlace es, a la vez, un ejemplo de integridad humana, de lucha contra las adversidades y la fatalidad. Llegados aquí, sin embargo, toca reflexionar en profundidad sobre el amarillismo que una vez más, como ocurrió con Gabriel, el niño asesinado en Níjar, se ha cebado en la tragedia con intensidad y tremendismo y con fines nada altruistas. Una denuncia que también lanzaba ayer el Colegio de Periodistas de Andalucía, sobre todo contra el tratamiento nada ético ni deontológico de algunas TV. Por otra parte, conviene indagar, como ya han anunciado los juzgados de Málaga, sobre la perforación no autorizada, sin el proyecto técnico ni los permisos correspondientes, y depurar responsabilidades para evitar otros episodios similares. Las administraciones tienen la obligación de revisar los trámites porque hacer prospecciones en busca de agua y excavar un pozo similar al de Totalán requiere el permiso de Minas, que exige antes un proyecto específico hecho por un ingeniero, tener director de obra y seguro y sellarlo al acabar, y también el de Medio Ambiente y la Confederación de cuenca correspondiente. Normativas dispersas acaban generando inseguridades y el consiguiente descontrol de perforaciones ilegales en el campo.