Un debate ha entrado en tromba esta semana en la actualidad andaluza --y en la precampaña-- de un modo inesperado: el consejero de Salud y Familias, el cordobés Jesús Aguirre, ha desvelado lo que llama «maquillaje» de las listas de espera de la sanidad pública. Un «maquillaje» que no es poca cosa: medio millón de andaluces en ese supuesto limbo de esperas no contabilizadas por el SAS, lo que suma un total de 843.000 ciudadanos esperando una consulta especializada o una intervención quirúrgica. En Córdoba serían 14.627 pacientes pendientes de operación, de los que 2.553 llevan más de un año esperando, en una situación que, según la delegada, afectaría a más de 72.000 cordobeses. Las cifras suenan fuerte, y sirven para reforzar el mensaje de campaña del Partido Popular, que dibujaba una sanidad pública al borde del colapso. Si se añaden las protestas de los profesionales sanitarios, es evidente que hace falta una actuación contundente, que, por otra parte, ya había iniciado el anterior Ejecutivo del PSOE.

Lo planteado deja atónito al observador. ¿Ni siquiera es posible fiarse de las cifras oficiales? Al parecer, se trata de la forma de hacer estos recuentos. Desde el actual Gobierno de PP-Ciudadanos se señala que el instrumento habilitado en el 2001 para garantizar los derechos de los pacientes es precisamente la percha de estas discrepancias. Hay operaciones para las que están estipuladas esperas de 60, 90 o 120 días, y esas son las que figuran en listas de espera. Pero otras no entran en esos parámetros, y configuran una bolsa no contabilizada hasta ahora. Por ejemplo, de los 14.627 cordobeses pendientes de operación, 7.836 tienen tiempo de respuesta garantizado, pero otros 6.719 no lo tienen, no están registrados y su espera media es de 569 días.

Frente a los datos que difunde el nuevo Gobierno andaluz, el PSOE asegura que son estadísticas falsas, una excusa para destinar dinero a la sanidad privada. Igual opina Adelante Andalucía. Pero los ciudadanos tenemos derecho a recibir una información exacta y fiable. Sería una grave irresponsabilidad que el propio Gobierno andaluz generase esta alarma social por razones de estrategia política, para cubrirse las espaldas si no puede cumplir sus promesas electorales o como coartada para justificar el apoyo económico al sector privado. Y, si los datos se confirman, es absurdo por parte de la anterior administración andaluza haberse engañado a sí misma, peloteando un grave problema.

De momento, está anunciado un plan extraordinario de 25 millones de euros para reducir las esperas quirúrgicas, incluyendo el desvío de pacientes a centros concertados, lo que, por otra parte, se ha venido haciendo también cuando los socialistas gobernaban la Junta de Andalucía. Es necesario que se aclare la situación. Todos los partidos políticos deberían implicarse en el control exhaustivo de los datos, en pro de la verdad y del buen funcionamiento del estado del bienestar. Y actuar a favor de los ciudadanos en este aspecto esencial que es la salud.

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