Más allá de las iniciativas privadas pioneras en la inserción --como ocurre en algunos modelos en la provincia, por ejemplo Promi, que integra a personas discapacitadas a través del empleo-- el colectivo padece graves carencias y anomalías, con una vulneración sistemática y estructural de sus derechos políticos, de la autonomía económica, la protección social o la accesibilidad. Al entrar en vigor la reforma de la ley del Tribunal del Jurado, se corrige uno de estos déficits. A partir de esta fecha, los ciudadanos con discapacidad física o psíquica estarán en igualdad de condiciones con las otras personas que acrediten «una aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado», sin que la discapacidad sea, como hasta ahora, un impedimento. Bien es cierto que, como se asegura desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, «los procedimientos judiciales carecen de cultura inclusiva» y que será necesario seguir luchando para que «los apoyos precisos y los ajustes razonables» que la ley exige a la Administración de justicia pasen del papel a la realidad. Cuestiones como el fin de las esterilizaciones forzosas o la imposibilidad de ejercer el derecho de voto activo, incapacitaciones decididas por un juez en función de criterios poco claros, son nuevos capítulos en la lucha por una igualdad que, como mínimo, da un decisivo paso adelante.
