Un estudio de la oenegé Save the Children sobre abusos sexuales a menores en España arroja unos preocupantes resultados sobre el calvario judicial que soportan las víctimas que se han atrevido a denunciar la agresión sufrida. Tras analizar más de 200 sentencias de este tipo, la oenegé concluye en su informe -significativamente titulado «¿Qué ha fallado?-que el 72% de los procesos abiertos por abuso a un menor se acaban archivando por falta de pruebas. Por su contundencia, estos porcentajes invitan a revisar unos protocolos judiciales que, al tratar con personas muy vulnerables, deberían extremar su naturaleza garantista hacia ellas. No es de recibo, por ejemplo, que el menor haya de repetir su declaración hasta cuatro veces en diferentes instancias y, en muchos casos, en juicios a puerta abierta. Además, sobre sus temerosos testimonios suelen planear dudas que no alcanzan al adulto acusado. Puesto que normalmente no ha habido testigos de los actos juzgados, la credibilidad de la víctima infantil (edad media de 11 años en los niños y de 7 en las niñas) es puesta en cuestión con facilidad. La comunidad autónoma andaluza es una de las pocas comunidades que cuenta con un protocolo antiabusos a menores actualizado a raíz de los casos de pederastia. Ahora solo hace falta que el recorrido judicial de las denuncias deje de ser un infierno para los menores y sus familias.
