A nadie le interesa una salida traumática de la UE del Reino Unido. Por eso los Veintisiete han aceptado prorrogar el brexit hasta el 31 de octubre, aunque este aplazamiento puede conllevar unos riesgos para las instituciones comunitarias que la UE no está dispuesta a asumir. Los socios europeos han dado tiempo a la primera ministra británica, Theresa May, para que consiga suficientes apoyos en su país a una salida acordada (apoyos que el Parlamento británico le ha negado en varias votaciones), y al mismo tiempo endurecen las condiciones al Reino Unido como garantía de que mientras permanezca dentro del club europeo no se le ocurra boicotear las decisiones que allí se debatan. El objetivo es evitar un caballo de Troya en el seno de las instituciones de la UE. Las pretensiones de los Veintisiete, y sus dificultades para acordar y concretar sus requisitos, son comprensibles, ya que no tiene sentido que Londres interfiera en unas políticas a las que no quiere someterse. Que haya un nuevo calendario del brexit, sin embargo, no despeja el camino político de May, cuya continuidad está en la cuerda floja. Los euroescépticos le recriminan haber alargado el proceso en exceso y consideran la prórroga una humillación. La premier ya ha empezado a malgastar su tiempo, aplazando los debates parlamentarios. Su desgaste añade incertidumbre a la eurozona, a la que el FMI acaba de rebajar al 1,3% la previsión de crecimiento.
