El sector del taxi ha recibido un espaldarazo del Consejo de Ministros en su lucha contra los nuevos actores en el sector del transporte urbano, como Uber y Cabify. El Gobierno aprobó un real decreto que eleva a rango de ley que solo pueda haber una licencia de VTC (vehículos turismo con conductor) por cada 30 taxis. Los VTC es la forma que empresas como Uber encontraron para sortear la prohibición de usar coches particulares, un camino equivocado en la liberalización del sector que no solo suponía una competencia desleal para el taxi, sino que ponía en peligro las garantías de los consumidores. El real decreto es la forma con la que el Gobierno trata de blindar los límites del reglamento de ordenación de los transportes terrestres que Competencia recurrió ante el Supremo (TS), al considerar que restringe la competencia. En caso de que el TS falle a favor de una liberalización total del sector, la decisión del Consejo de Ministros complica el proceso. En una economía de mercado que funcione, la competencia debe ser leal y reglada. La UE ya ayudó a delimitar las reglas del juego al establecer que Uber no es una plataforma digital sino una empresa de transporte que debe respetar las normas del sector. Uber entró en el sector como un elefante en una cacharrería, pero los desmanes iniciales no deben dar lugar a una regulación final que sea lesiva para los derechos de los consumidores. El real decreto, más que dejar cerrado el tema, debe servir para dar tiempo al taxi y que el sector afronte la imprescindible modernización.