A raíz de los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y otros dirigentes políticos, la opinión pública ha centrado su atención en los másteres que imparten las universidades. Hay que puntualizar que bajo un mismo nombre --ahora puesto en cuestión al descubrirse las prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos-- se agrupan dos estudios de naturaleza distinta. Tradicionalmente, los másteres eran títulos propios de especialización profesional que otorgaban las universidades. A raíz de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), existen también los másteres llamados «universitarios» u «oficiales». Se trata de un intento de las universidades europeas de incorporar la lógica de los planes académicos anglosajones que se basan en unos grados relativamente cortos, de tres años y con escasa especialización, para adaptarse posteriormente a las exigencias cambiantes del mercado laboral a través de los másteres de dos años.

Con esta medida, Europa pretendía tres cosas: preservar la calidad de la enseñanza universitaria, acercar la formación a las necesidades de las empresas y favorecer la movilidad de los estudiantes. En los países de larga tradición de este sistema, se da por descontado que el estudiante cursa el grado que mejor encaja con sus expectativas y lo completa con uno o varios másteres a lo largo de su vida.

La adaptación hispánica de este sistema ha estado llena de accidentes y de impotencias por parte de la Administración y de las propias universidades: se ha hecho una adaptación sui géneris del modelo con grados de cuatro años (muy especializados) y másteres de uno o dos años (con una reiteración de la oferta que no se ajusta a la lógica de estos estudios); no se atendió en su momento la petición de los rectores de que el título de máster se reservase únicamente a los oficiales y controlados por las agencias de calidad; no se estableció una política de becas; no se dotó a las universidades de un marco financiero y laboral adecuado para evitar la creación de títulos orientados meramente a la supervivencia económica o laboral... Está claro que esta formación, obligada por su propio concepto a la excelencia, debe ser revisada por las universidades españolas y por la Administración. Mientras, y a pesar del descrédito tras lo ocurrido en la URJC, no es justo generalizar la visión negativa de estos estudios que sirven a tantos universitarios para completar y orientar su formación, hacer prácticas y/o poner las bases para sus doctorados o ejercicio profesional. La Universidad de Córdoba ha celebrado la segunda Feria de Posgrado, en la que se presentó a los interesados la oferta, que el próximo curso incluirá 53 másteres y 11 programas de doctorado. La UCO recordó el control de calidad que, a través de distintos órganos, ejerce sobre estas titulaciones, un control que deberá intensificar para asegurar la calidad y combatir la mala imagen que el caso madrileño ha extendido como una gota de aceite sobre todo el sistema. Si no es así, no habrá futuro para estos estudios.