Los Presupuestos del Estado (PGE) presentados ayer significan el mayor aumento del gasto desde que estalló la crisis económica. Son un intento positivo de blindar el Estado del bienestar y devolver a las clases medias y populares parte de lo perdido en los años del austericidio. El gasto crece un 5,3% hasta los 345.000 millones de euros, con un fuerte aumento de las partidas sociales (un 59% en dependencia, 41% en vivienda y 40% en infraestructuras), pero el principal problema es cómo se financia ese gasto. Los ingresos récord previstos, de 227.000 millones, un 9,5% más, suscitan escepticismo, pese a que el Gobierno confía en cubrirlos con la subida de la recaudación por el buen ritmo de la economía y los nuevos impuestos.

Las cuentas salen ya condicionadas por el dinero destinado a pensiones, 153.000 millones, más de la mitad del gasto total, el sueldo de los funcionarios (23.000 millones) y los intereses de la deuda (31.500 millones). El margen de maniobra es, pues, escaso. Destaca especialmente, y es motivo de fuertes críticas de PP y Ciudadanos (junto con las dirigidas a una previsión de ingresos que consideran irreal) la partida de inversiones de Cataluña, que crece un 52%, hasta los 2.051 millones, que, junto con 200 que provendrán de una sentencia del supremo, alcanzarán un 18,5% de la inversión territorializada del Estado. Este porcentaje no alcanza el del PIB catalán (un 19,2%), lo que ha provocado ya las críticas independentistas. En Andalucía, la inversión aumenta un 79,7%, hasta 2.133 millones de euros, lo que ha sido bien valorado por la Consejería de Economía, pues supone un 17,5% de la inversión regionalizada y se acerca al peso poblacional de Andalucía en España, que es del 17,9%. A ello se suman 50 millones para un Plan Especial de Empleo. Por su parte, Córdoba experimenta un alza importante, pero sigue a la cola, con un 32% más de inversión (108,4 millones) y 138 euros por habitante frente a los 254 de Andalucía. Aun así, tan importante como las cifras es la ejecución de esas inversiones, pues nuestra provincia ya ha sufrido la situación de que ni siquiera se han ejecutado algunos de los escasos proyectos presupuestados en años anteriores.

En cualquier caso, los PGE dependen ahora de unas duras negociaciones no solo con el independentismo catalán, cuyo voto será imprescindible para su aprobación, sino con otras fuerzas políticas, incluido Podemos. Aunque en estos momentos no les interesa forzar un adelanto electoral, PDCat y ERC siguen divididas, y el juicio del procés es inminente. Si a ello se suma el rechazo de buena parte de la sociedad española a cualquier concesión al independentismo catalán, los PGE se sitúan en el centro de una tormenta perfecta.